La hipoteca del vampiro

La reciente sentencia del Tribunal Supremo (que se une a otras de tribunales superiores como el de Navarra) que anula las clausulas suelo y establece la inmoralidad de que los bancos sigan cobrando las hipotecas a sus clientes, incluso después de haberles quitado las casas por impago, esta permitiendo seguir echando lodo sobre un sistema financiero que, hasta hace pocos años parecía extremadamente sólido, y que en la práctica no lo es tanto.

La sentencia está abriendo el camino a la actuación de los jueces de oficio ante este tipo de contrato y abre la via a nuevas sentencias (en suspenso) de otros tribunales, y pone en cuestión la resistencia del gobierno y ciertos actores financieros a admitir la doctrina de la dación en pago. Una visión alternativa de la ley hipotecaria española, que permitiría que si un usuario no puede pagar la hipoteca que solicitó, pueda resolver el crédito devolviendo el bien.

La sentencia se añade, además, a reiteradas peticiones de IU y UPyD en los últimos años, para que una reforma de la ley hipotecaria española contemple esta posibilidad, ya vigente en países como Estados Unidos, y que impediría la anomalía, y la inmoralidad de que ciudadanos españoles, tras varios años pagando una hipoteca, pierdan su casa por la imposibilidad de seguir pagándola, y aun así, el banco tenga derecho a embargarles otros bienes.

La raíz de este problema, de esta situación tan abusiva, arranca del hecho de la sobrevaloración de las casas en el momento de pedir el crédito, con lo que luego al subastarlas por impago, nunca se pueda alcanzar en el mercado su valor oficial. De otro punto, la actual ley permite al banco o caja subastar la propiedad, y quedarse con ella por un 50% de su valor, si en la primera subasta no hay comprador. De esta forma, el banco aduce que solo ha recuperado la mitad del valor de lo prestado y puede seguir exigiendo el pago al deudor, cuando en realidad tiene el bien entero.

El hecho, ya de por si grave, ahonda en las sospechas sobre un sector financiero lleno de irregularidades, en connivencia con un gobierno que parece tener poco claro el terreno que pisa.

Precisamente estas irregularidades de las que hablamos, sobre tasaciones de las casas y millones invertidos en activos irrecuperables, están detrás del temido hundimiento del sector, y muy especialmente de las cajas de ahorros. Estas entidades, cuya raíz se encuentra en los Montes de Piedad de fines del siglo XVIII, se habían constituido como entidades financieras de tipo fundación por el estatuto de cajas de 1933, en el que Largo Caballero había defendido la necesidad de crear entidades de ahorro no financieras (prestaban sobre el valor de sus depósitos solamente), acordes para la defensa de los intereses de familias, PYMES y particulares, sin estar sometidos a los dictados del mercado y sus riesgos como los bancos. Bajo el control del gobierno y con importantes beneficios fiscales, las cajas subsistieron hasta que la reforma de Fuentes Quintana de 1977 las convirtió en cajas (sin someterse a las reglas del mercado) pero con todos los servicios (y los riesgos) de un banco.

Su politización, y su falta de sometimiento a las reglas de la economía real, hicieron que los gestores, polñiticos y gente poco profesional, asumieran operaciones inmobiliarias inauditas. Fruto de ello, y de la presión de los agentes internacionales ante la inminencia de su caída, el gobierno puso en marcha, hace un año, un paquete de medidas que incluía la reducción de su número (vía SIP -sistema institucional de protección, basado en la asociación de varias cajas que se apoyan y ayudan mutuamente, la llamada fusión fría- , fusiones o absorciones), y un fondo de capitalización (el fondo de reestructuración ordenada bancaria, FROB) que pretendía prestar a las cajas el dinero necesario para atender a sus obligaciones financieras, dado que parte de su capital había desaparecido en sus aventuras inmobiliarias (parte de los ahorros de sus clientes habían sido prestados para la compra de viviendas que ahora valían menos, para construirlas pero al no venderlas no se recuperaba el dinero, o en créditos a personas en la ruina e inembargables, por ejemplo).

Un año después, el gobierno toma conciencia de que ese conjunto de medidas es insuficiente, ante la magnitud del agujero económico de estas entidades y da un segundo paso. Pide a las cajas que busquen dinero privado donde quieran, pero que deben alcanzar unos ratios de solvencia del 8% en bancos y de más del 9% en cajas, y si no lo consiguen, el estado intervendrá, nacionalizando las cajas, hasta sanearlas.

Lo primero, ¿porque si los test de stres han sido tan positivos como decía Salgado, ahora sobreviene esta urgencia por capitalizar el sistema?.

Segundo, ¿si el tratado de Basilea impone la obligación en toda la UE de exigir a las entidades ratios de solvencia del 8% para el 2014, en España vemos acuciante hacerlo en seis meses, así, de golpe?.

Tercero, si el gobierno decide nacionalizar algunas cajas, y limpiarlas de activos tóxicos (créditos irrecuperables, para entendernos) con dinero de todos, luego se van a privatizar otra vez a precio de ganga, porque ese interés en vender los bienes del estado a precio de saldo?

Cuarto, ¿no hay culpables?. ¿No se van a exigir responsabilidades y penar acciones?, porque cuando un particular incumple sus compromisos, por ejemplo un padre de familia no paga la hipoteca, la ley cae sobre él implacablemente.

Quinto, a la vista del paño, la Caixa decide convertirse en banco. Saca del baúl de los recuerdos su marca bancaria, la transfiere sus activos financieros y le deja la morralla a Criteria, con lo que mejora balances en cinco minutos y se salva de la quema, ¿nos van a decir que toda esa operación financiera se ha montado en un fin de semana?. ¿Cuantos meses llevaban los de la Caixa preparando esta operación?, y en ese caso, ¿quien les puso sobre aviso?. En otras palabras, ¿cuantas cosas no nos han dicho a los ciudadanos, pero a las caja y bancos si, del desaguisado de nuestro sistema?.

Claro, los bancos, bien respaldados, no solo no han entonado el "mea culpa", si no que han pasado a la acción. A nivel internacional se han unido en el foro de Davos para solicitar menos regulaciones y menos intervención, algo que han encontrado con Trump, pero no menos ayuda. A nivel nacional, los bancos y cajas han crucificado a los jueces de los que hablábamos en principio, advirtiéndoles de que por ese camino de proteger al débil, habrá consecuencias, por ejemplo hipotecas más caras, y más riesgo de ruina bancaria. ¿Y ahora que?.