En 1854, el partido moderado se enfrentaba a una fuerte contestación interior. La tendencia autoritaria de ministros como Bravo Murillo, el clima revolucionario que vivía Europa (las secuelas de las revoluciones de 1848), la permanente rebeldía carlista, la crisis económica que vivía el reino y la lenta aparición del movimiento obrero ( el desarrollo del primer capitalismo había creado fuertes concentraciones obreras en algunas ciudades que comenzaban a tener una tímida influencia del anarquismo y el marxismo internacional naciente) eran factores determinantes para este clima, junto a las demandas de libertad y derecho a voto, que el régimen no había satisfecho.
En un ambiente de protestas y revueltas, progresistas y moderados descontentos provocan en 1852 la dimisión de Bravo Murillo, lo cual no cambio las demandas y quejas. En 1854 el general Leopoldo O'Donnell lidera un pronunciamiento en Vicálvaro que derrota a las fuerzas leales al gobierno. Tras ello, diversos militares y políticos opositores redactan ese verano el Manifiesto de Manzanares que pedía la regeneración política del país, acabar con la corrupción, reforma electoral, nuevas elecciones, reducción de impuestos y libertades de prensa y expresión.
Difundido entre la población, el manifiesto obtuvo el apoyo del pueblo y los obreros, con lo que la reina tuvo que plegarse a los golpistas. Comenzaba el bienio progresista.
El nuevo primer ministro seria el hombre fuerte del progresismo, Espartero.
El nuevo gobierno crearía una nueva constitución sobre las bases de la de 1837. No se aprobó, aunque presentaba grandes novedades como derechos al ciudadano, tales como la libertad de expresión, libertad de imprenta y libertad de asociación política.
El periodo vivió el desarrollo del republicanismo, el obrerismo y la recuperación de instituciones del progresismo de los 20, como la ley de ayuntamientos o la Milicia Nacional. Pero lo más destacado seria la gran reforma económica iniciada, un paso gigantesco hacia el capitalismo y la industria.
La primera gran reforma seria llevada a cabo por el ministro progresista Pascual Madoz, necesitada como estaba España de liberar el mercado de tierras y obtener fondos. Se llamó “Ley de Desamortización General” o civil, pues esta desamortización (expropiación y venta pública de bienes raíces) afectó a los bienes del clero secular (a cambio el Estado se hacía cargo de los gastos de culto) y sobre todo de los municipios (bienes de propios, comunales y baldíos) e instituciones civiles. Hubo más diferencias con respecto a la primera (la de Mendizabal), pues no se admitieron en el pago títulos de deuda, el dinero se destino más a infraestructuras (ferrocarril) que a deuda nacional y la mayoría de los fondos serian gestionados por ayuntamientos, aunque estos perdieron mucho patrimonio.
Los efectos sociales fueron graves. La perdida de tierras por la iglesia dejo sin empleo a muchos labriegos que usaban los propios de los ayuntamientos, que se desplazaron a la ciudad, engordando las filas del naciente proletariado, y empeorando sus condiciones de vida. Pero, como con Mendizábal, la ley no propició el reparto de tierras, sino que benefició a la burguesía capitalista, que consiguió grandes lotes de tierra y acaparo la mayoría de las tierras e inmuebles. Burguesía con dinero, si bien la participación de pequeños propietarios de los pueblos fue superior a la de la reforma de Mendizábal.
También cambió las formas agrícolas, ayudando a la extensión de cultivos extensivos comercializables (vid, olivo y los cítricos), más rentables al necesitar menos mano de obra.
Junto a ello, la reforma estrella del Bienio fue la Ley General de Ferrocarriles, que pretendía crear una red de transporte moderno en toda España. La ley pretendía crear las condiciones para generar demanda en otras industrias (metalúrgica y eléctrica, por ejemplo), crear empleo, atraer inversiones nacionales (y así evitar la evasión de capitales) y extranjeras y crear un mercado más unido que fomentase el comercio y la producción, al tener mejores transportes, su puesta en marcha seria uno de los detonantes de la desamortización, y de las leyes financieras que veremos después (Ley Bancaria de 1856, leyes de crédito y bolsa de 1856 y creación del Banco de España en ese mismo año).
España ya contaba con algunos kilómetros en Cuba y una línea en el tramo Barcelona-Mataró, ahora se pretendía generalizar el uso del medio.
El estado se comprometía a ayudar a las compañías en la construcción, mediante subvenciones a fondo perdido, garantías públicas de rentabilidad, reducción de aranceles para la importación de material y, oficiosamente, unas condiciones sociales óptimas (salarios bajos y una gran masa de obreros con escasos derechos).
Solo se favoreció una red radial más adecuada para la exportación - importación, que para la interrelación entre regiones, y un negocio inmenso de la industria y las compañías francesas e inglesas, sobre las cuales se creo una dependencia económica excesiva, tal como se vio después.
Más que produciendo, muchas grandes fortunas se amasaron con la especulación en bolsa, amparada por una legislación permisiva y una corrupción escandalosa, de la que formaba parte la reina (accionista de algunas compañías inversoras y de ferrocarriles. Para rematar la faena se estableció un ancho de vía mayor que el habitual en el resto de Europa, con lo que las comunicaciones con otras economías se convirtieron en muy caros, al necesitar las mercancías y los pasajeros un trasbordo en la frontera.
En la construcción primó el obtener subvenciones y conectar los puertos con las minas y las áreas de producción agrícola, más que una racionalidad que hubiera exigido trazados y caracteres técnicos más adecuados a las necesidades reales del país, y el mercado quedó en un 75% en manos de compañías europeas (sobre todo francesas). Pese a ello algo se mejoraron las comunicaciones internas.
Con todo, lo más grave fue la extraordinaria corrupción que facilitó la contabilidad “b” de las empresas, los sobornos y, ahogadas por tanto gasto y tan magro mercado, la ruina de muchas compañías. Esa ruina arrastraría a las industrias auxiliares y los pequeños ahorradores, siendo una de las causas de la crisis posterior de 1868, que acabaría con el reinado de Isabel II
Complemento necesario de lo anterior sería la Ley de Banca y Sociedades de Crédito, que puso las bases del desarrollo del sector financiero en España, necesario para solventar el caos financiero del país y crear instrumentos para la inversión ferroviaria. La Ley de Banca establecía un riguroso control gubernamental sobre los bancos y regulaba el derecho de emisión de moneda, que se asignaba a un banco emisor por cada localidad. Se creaba el Banco de España para controlar el sistema y creaba un mercado financiero moderno, alimentado con la Ley de Sociedades de Crédito que facilitaba la entrada de capitales, la creación de sociedades anónimas y el desarrollo de bancos industriales y comerciales, favorecidos por las exenciones fiscales.
Como contrapunto social a esta situación, el gobierno pretendió una Ley del Trabajo, que reducía la jornada laboral de los niños, permitía asociaciones obreras de menos de 500 miembros (evitando así secciones de movimientos obreros internacionales o regionales, que tendrían mucha fuerza) y creaba para solucionar los conflictos colectivos jurados formados por patronos. La ley no alcanzaría el apoyo necesario, ante ala oposición obrera, republicana y demócrata.
En un clima de huelgas y crisis, el bienio caía, fruto del golpe de O´Donell, en 1856.
Imagen perteneciente a portalaznalcollar.com
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