Resulta desconcertante como en una sociedad tan urbana, cosmopolita y tecnificada como la nuestra, aquello que es el bien más básico, y cuya administración debiera estar ya muy perfeccionada, la tierra, se esta convirtiendo, a marchas forzadas, en el mayor problema de nuestra sociedad, y me refiero a Cantabria.
Llevamos un largo periodo de tiempo asistiendo impasibles a un autentico terremoto legal y político, que esta poniendo en cuestión la propiedad de la tierra, la seguridad jurídica de nuestra economía y nuestra sociedad y el exigible equilibrio entre los derechos privativos de las personas y aquellos que por ser públicos, esto es comunes, deben predominar, pero manteniendo un necesario respeto.
Y más peligroso aun que este hecho, resulta la pasividad con que la sociedad cántabra asiste a estas guerras sordas, en la idea de que afectan a un número limitado de personas, enfrentadas por sus intereses con la administración, cuando en la base de todo este entuerto están derechos, libertades y criterios fundamentales para el futuro de todos.
Hemos visto en los últimos años como la tierra, un bien común en última instancia, como el aire o el agua, aunque entregado a legítimos poseedores, era corrompida, alterando arbitrariamente, y sin control sus usos. Las putrefactas administraciones locales, llenas de ignorantes de buena fe, o de nauseabundo arrivistas han alterado los usos del suelo, comprando, vendiendo, recalificando y, al final, enajenado a los pueblos los derechos de uso o beneficio dinerario de las transacciones de aquella, convirtiendo lo que era un bien de todos, en pieza de mercadeo en ese gran centro comercial en que constructoras y alcaldes han convertido nuestro suelo. Para más deshonra, el gobierno ha entrado al trapo de esta dinámica económica, modificando a su antojo los derechos de propiedad de los individuos. Se han regulado de forma extraordinaria y atípica los usos de suelo con los famosos PSIR, se ha modificado el empleo del terreno litoral mediante un POL que ha cercenado derechos históricos de empresas y vecinos, se ha actuado de manera ligera en la expropiación de algunos polígonos industriales, se ha cedido a la iniciativa de amigos del poder bienes de todos, y se han privatizado sin rubor terrenos públicos, del ejercito por ejemplo, olvidando que eran, fueron, y deberían ser espacio común para uso, no para generar ganancias que nunca llegan a las arcas públicas. Hemos asistido impávidos a la desecación de marismas, la demolición de iglesias (para hacer centros comerciales), el derribo de urbanizaciones, la instalación de infraestructuras en dominio común y la manipulación descarada de la ley para beneficiar a unos pocos, en decenas de ayuntamientos, decenas, aunque solo nos acordemos de Castro. Y lo hemos hecho en el más vergonzante silencio, dejando solos a nuestros vecinos afectados. Hasta la iglesia ha aprovechado la coyuntura, realizando regularizaciones de propiedades en cementerios por ella gestionados en áreas rurales, que enrojecerían de vergüenza al mismísimo Judas.
Y ello en parte por dos circunstancias que pocos han tenido en cuenta y muchos han empleado en beneficio propio. Estamos en una región rural del arco atlántico europeo, una zona de difíciles comunicaciones hasta hace bien poco, si no todavía, lo que ha favorecido por siglos un sistema de gestión de propiedad oral, no escrita, con deslindes pactados y derechos admitidos por las comunidades ganaderas. Ahora estas están dislocadas. Testigos y fehacientes de propiedad no existen, la mitad de los vecinos de los pueblos son urbanitas acogidos en pueblos dormitorio y sedes de segunda residencia. Las relaciones sociales son otras y los viejos derechos de uso, paso, pasto y herencia han caducado. Ante ello, el gobierno, que encima, y para más coña, gira en torno a un partido tradicionalista y costumbrista, amante del agro, no ha hecho nada. Solo dejar que el tiempo haga caer el problema, como una pera madura. Como tampoco ha hecho nada ante un problema que la izquierda sigue manteniendo encerrado bajo cuatro llaves, el de la memoria histórica. Un problema bien visible en la actual problemática de nuestros montes.
Desde las leyes de 1923 que, en parte ratificaban las leyes decimonónicas, los montes de Cantabria quedaron agrupados en dos grandes lotes, los de utilidad pública (se supone que inembargables, imprescriptibles e in enajenables) y los llamados de hacienda (o patrimoniales, entre otros apodos). Desde 1939, los alcaldes y otros vergonzantes funcionarios del régimen fueron, al amparo de leyes como la del 57, legitimando los ejercicios de dominio heredable y trasmisible de tierras sobre las que algunos particulares solo podían ejercer un dominio limitado, escriturando y pagando a hacienda la transmisión a su patrimonio, aquel que era de todos. Pues hasta la las leyes franquista, eso olvidan algunos, establecían claramente casos en los cuales la transmisión de bienes comunes, era ilegitima.
Esa realidad ha sido obviada por los gobiernos de la transición y los actuales. Ahora, el actual ejecutivo busca de un plumazo, y sin atender a estas ni a otras circunstancias, una regularización masiva de terrenos que se lleva por delante derechos particulares, y que no frena los abusos cometidos en los últimos años, apropiándose tierras según conveniencia. Pero una ley de montes no solo debe organizar la propiedad de las tierras, debe salvaguardar los derechos históricos de las comunidades vecinales, pisoteadas durante el franquismo, debe exigir responsabilidades sobre los desmanes acaecidos y debe plantear un modelo de gestión ambiental y forestal cuya ausencia denuncian entidades como PROFOR y SEO/birdlife.
Con ser importantes, ninguno de estos aspectos, ni siquiera el central, la propiedad y los derechos, han merecido el vigor y la decisión del gobierno. Llegado el momento de la verdad (esta ley se debia aprobar el dia 30), el partido regionalista (una prueba más de que el gobierno son compartimentos estancos) ha decidido retirar la ley, a fin de evitar las protestas y la anti estética presencia de pancartas y silbidos en sus mitines. Despues, cuando las elecciones hayan pasado y el aspecto bondadoso de nuestros politicos, besando vacas y niños, haya caducado, será hora de imponer lo que proceda, sin contemplaciones.
Estamos asistiendo a una revolución legal que afecta a los usos de nuestro territorio y a los derechos de sus habitantes. Y sería deseable que toda la comunidad, y especialmente los más jóvenes reflexionaran sobre estos hechos. Quizá ya sea hora de decirle al gobierno, particulares y juntas vecinales, esta tierra no es tuya, es mía.
Imagen EldiarioMontañés
Llevamos un largo periodo de tiempo asistiendo impasibles a un autentico terremoto legal y político, que esta poniendo en cuestión la propiedad de la tierra, la seguridad jurídica de nuestra economía y nuestra sociedad y el exigible equilibrio entre los derechos privativos de las personas y aquellos que por ser públicos, esto es comunes, deben predominar, pero manteniendo un necesario respeto.
Y más peligroso aun que este hecho, resulta la pasividad con que la sociedad cántabra asiste a estas guerras sordas, en la idea de que afectan a un número limitado de personas, enfrentadas por sus intereses con la administración, cuando en la base de todo este entuerto están derechos, libertades y criterios fundamentales para el futuro de todos.
Hemos visto en los últimos años como la tierra, un bien común en última instancia, como el aire o el agua, aunque entregado a legítimos poseedores, era corrompida, alterando arbitrariamente, y sin control sus usos. Las putrefactas administraciones locales, llenas de ignorantes de buena fe, o de nauseabundo arrivistas han alterado los usos del suelo, comprando, vendiendo, recalificando y, al final, enajenado a los pueblos los derechos de uso o beneficio dinerario de las transacciones de aquella, convirtiendo lo que era un bien de todos, en pieza de mercadeo en ese gran centro comercial en que constructoras y alcaldes han convertido nuestro suelo. Para más deshonra, el gobierno ha entrado al trapo de esta dinámica económica, modificando a su antojo los derechos de propiedad de los individuos. Se han regulado de forma extraordinaria y atípica los usos de suelo con los famosos PSIR, se ha modificado el empleo del terreno litoral mediante un POL que ha cercenado derechos históricos de empresas y vecinos, se ha actuado de manera ligera en la expropiación de algunos polígonos industriales, se ha cedido a la iniciativa de amigos del poder bienes de todos, y se han privatizado sin rubor terrenos públicos, del ejercito por ejemplo, olvidando que eran, fueron, y deberían ser espacio común para uso, no para generar ganancias que nunca llegan a las arcas públicas. Hemos asistido impávidos a la desecación de marismas, la demolición de iglesias (para hacer centros comerciales), el derribo de urbanizaciones, la instalación de infraestructuras en dominio común y la manipulación descarada de la ley para beneficiar a unos pocos, en decenas de ayuntamientos, decenas, aunque solo nos acordemos de Castro. Y lo hemos hecho en el más vergonzante silencio, dejando solos a nuestros vecinos afectados. Hasta la iglesia ha aprovechado la coyuntura, realizando regularizaciones de propiedades en cementerios por ella gestionados en áreas rurales, que enrojecerían de vergüenza al mismísimo Judas.
Y ello en parte por dos circunstancias que pocos han tenido en cuenta y muchos han empleado en beneficio propio. Estamos en una región rural del arco atlántico europeo, una zona de difíciles comunicaciones hasta hace bien poco, si no todavía, lo que ha favorecido por siglos un sistema de gestión de propiedad oral, no escrita, con deslindes pactados y derechos admitidos por las comunidades ganaderas. Ahora estas están dislocadas. Testigos y fehacientes de propiedad no existen, la mitad de los vecinos de los pueblos son urbanitas acogidos en pueblos dormitorio y sedes de segunda residencia. Las relaciones sociales son otras y los viejos derechos de uso, paso, pasto y herencia han caducado. Ante ello, el gobierno, que encima, y para más coña, gira en torno a un partido tradicionalista y costumbrista, amante del agro, no ha hecho nada. Solo dejar que el tiempo haga caer el problema, como una pera madura. Como tampoco ha hecho nada ante un problema que la izquierda sigue manteniendo encerrado bajo cuatro llaves, el de la memoria histórica. Un problema bien visible en la actual problemática de nuestros montes.
Desde las leyes de 1923 que, en parte ratificaban las leyes decimonónicas, los montes de Cantabria quedaron agrupados en dos grandes lotes, los de utilidad pública (se supone que inembargables, imprescriptibles e in enajenables) y los llamados de hacienda (o patrimoniales, entre otros apodos). Desde 1939, los alcaldes y otros vergonzantes funcionarios del régimen fueron, al amparo de leyes como la del 57, legitimando los ejercicios de dominio heredable y trasmisible de tierras sobre las que algunos particulares solo podían ejercer un dominio limitado, escriturando y pagando a hacienda la transmisión a su patrimonio, aquel que era de todos. Pues hasta la las leyes franquista, eso olvidan algunos, establecían claramente casos en los cuales la transmisión de bienes comunes, era ilegitima.
Esa realidad ha sido obviada por los gobiernos de la transición y los actuales. Ahora, el actual ejecutivo busca de un plumazo, y sin atender a estas ni a otras circunstancias, una regularización masiva de terrenos que se lleva por delante derechos particulares, y que no frena los abusos cometidos en los últimos años, apropiándose tierras según conveniencia. Pero una ley de montes no solo debe organizar la propiedad de las tierras, debe salvaguardar los derechos históricos de las comunidades vecinales, pisoteadas durante el franquismo, debe exigir responsabilidades sobre los desmanes acaecidos y debe plantear un modelo de gestión ambiental y forestal cuya ausencia denuncian entidades como PROFOR y SEO/birdlife.
Con ser importantes, ninguno de estos aspectos, ni siquiera el central, la propiedad y los derechos, han merecido el vigor y la decisión del gobierno. Llegado el momento de la verdad (esta ley se debia aprobar el dia 30), el partido regionalista (una prueba más de que el gobierno son compartimentos estancos) ha decidido retirar la ley, a fin de evitar las protestas y la anti estética presencia de pancartas y silbidos en sus mitines. Despues, cuando las elecciones hayan pasado y el aspecto bondadoso de nuestros politicos, besando vacas y niños, haya caducado, será hora de imponer lo que proceda, sin contemplaciones.
Estamos asistiendo a una revolución legal que afecta a los usos de nuestro territorio y a los derechos de sus habitantes. Y sería deseable que toda la comunidad, y especialmente los más jóvenes reflexionaran sobre estos hechos. Quizá ya sea hora de decirle al gobierno, particulares y juntas vecinales, esta tierra no es tuya, es mía.
Imagen EldiarioMontañés
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