El reino prohibido

Nunca encontraré palabras suficientes para describir la fascinación que en mi despierta la capacidad del actual gobierno español para desatar batallas crueles, cuando una breve plática solucionaría antes las cuestiones, y con menos bajas.
Yo he llegado a la conclusión de que el problema radica en un desmedido sentido del espectáculo de su máximo responsable. Una tendencia parecida a esa proclividad innata que todos hemos tenido en la adolescencia a la vivencia intensa y desmedida de los sentimientos, pero que cuando alguien tiene casi cinco décadas de existencia resulta inexplicable.

El asunto ha arrancado por la nueva normativa sobre el tabaco, pero sobre lo que deberíamos reflexionar va más allá, va más sobre los métodos y estrategias que empleamos para resolver los problemas derivados de nuestra vida en común.
Decía la insigne pensadora alemana Hannah Arendt, que la diferencia entre un estado autoritario y otro totalitario estriba en que en el primero, las personas carecen de libertades, segadas por la autoridad, en el segundo, la falta de libertad procede, además, de la desconfianza hacia quienes nos rodean, claro, alimentada por el poder público.

Decir que porque la ministra de sanidad exhorte a los ciudadanos a denunciar a quienes fuman en lugares cerrados, o que otros ciudadanos lo hagan, estamos en un estado policial y totalitario es una exageración, propia de esa retícula de medios conservadores y radicales que florecen en la TDT, como corolas en mayo. Pero es que el tabaco no es el único aliciente a la delación y el enfrentamiento que los poderes públicos nos ofrecen hoy, ese es el problema. Desde hace ya bastante tiempo las administraciones han instado a los ciudadanos a que denuncien a otros conductores por conductas inadecuadas (algunas tan discutible como aparcar mal), o comerciantes que no rotulan sus comercios en el idioma impuesto en una comunidad autónoma determinada, o a trabajadores que estando de baja realizan otros menesteres, o al vecino que se descarga una película en su ordenador..... Y la lista crece.
A nadie en su sano juicio, y a mi menos, se le ocurriría criticar la utilidad de la colaboración ciudadana. Pero aquí estamos ante algo más y, a veces, poco coherentes.
Seguro que en algunos bares en los que se sigue fumando, y en los que se pretende que la clientela denuncie, hay parroquianos que saben, con toda seguridad, que parte de las consumiciones y ventas de productos no se declaran, o que tienen un camarero inmigrante sin dar de alta en la seguridad social. Pero todavía no he visto a Rubalcaba salir en la televisión pidiendo que se denuncien esos abusos contra el trabajador. Y ese hecho es tan grave como expeler humo por la boca. Seguro que muchos trabajadores saben que cuando piden defensa jurídica a un sindicato, que vive de todos, trabajadores o no, afiliados o no, vía subvenciones, este luego te cobra cantidades astronómicas. Pero ningún ministro de trabajo ha pedido que la ciudadanía se implique denunciando tales abusos.

Y ese tipo de incoherencias (como la de prohibir fumar el tabaco que vende el propio estado) son las que destruyen el estado de derecho y la convivencia a la larga. Porque es comprensible que cincuenta millones de ciudadanos no obedecen a doscientos mil miembros de las fuerzas de seguridad por miedo, si no por convicción, por un vinculo moral, por asumir unas determinadas actitudes y valores. Destruyámosles y habremos mandado al cuerno a nuestro estado, ese que ya no tiene un duro, y va camino de perder hasta la autoridad moral.
Pero, de otro lado, esa tendencia irrefrenable a solicitar la denuncia, no deja de ser un reconocimiento, por la autoridad, de su incapacidad para ver lo que ocurre, como las maestras antiguas y débiles que recurrían al chivato de clase para ver lo que se les escapaba de continuo, por falta de empatia.
No necesitamos prohibir tanto (toros, intercambios P2P, tabaco, idioma) si somos capaces de educar en la tolerancia, la comprensión de las actitudes del otro y el dialogo. No es imprescindible llegar siempre a la imposición por la fuerza, si primero hemos conseguido que todos seamos lo suficientemente razonables con nuestras actitudes, como para que estas no causen un daño en los derechos de los demás.

Pero ese concepto no esta arraigado en España, la tendencia al “por que lo digo yo”, que tanto daño ha causado en generaciones por ser el medio de trabajo de padres y maestros, sigue vivo.
En Cantabria y Murcia se ha impuesto el cobro de un canon por el uso de las bolsas de plástico, canon que no solo deben recaudar los comercios, si no hacer la correspondiente declaración recaudatoria, cuando en esas comunidades no existe un plan para reciclar esas bolsas, a las cuales no se aplica ninguna medida medioambiental. Se ha impuesto, sin más.
En Andalucía se ha impuesto un nuevo contenido en los libros de historia, para eliminar los términos sexistas de nuestro pasado, cosas como cambiar los trabajadores por la humanidad que trabaja. Miles de euros en una campaña que regatea, sin embargo, medios y formación, y que no se ha negociado con nadie, tras escuchar a nadie.
En Cataluña y Madrid se ha decidido regular el uso de las estufas de terraza, imponiendo diseños, distancia entre ellas e intensidad calorífica, todo para fastidiar a los fumadores, pero siguen sin regular los aspectos relacionados con la colocación de maquinas expendedoras de tabaco en la vía pública o ,yendo más allá en el mundo del comercio, el tema de los vales de devolución de artículos comprados, algo muy de actualidad cada enero, y que deja indefenso al consumidor, ante un artículo que el devuelve, pero por lo que no obtienes a cambio ningún.
Si esta es la vía para solucionar nuestros problemas, decretar sobre aspectos secundarios e imponer a la gente lo que debe hacer, hasta el mínimo detalle, hagámoslo. Pero hasta el final. Prohibamos los abusos de los bancos, los vertidos de las empresas, la erradicación de la pobreza y el chabolismo. Prohibamos el paro y el fracaso escolar, y las becas raquíticas. Ah, claro, que pare eso la autoridad no tiene un par de ....