El 29 de octubre de 2024 será recordado como uno de los días más oscuros de la historia reciente de la Comunidad Valenciana. La DANA —una depresión aislada en niveles altos— descargó lluvias torrenciales que superaron los 700 litros por metro cuadrado en apenas unas horas, anegando barrios enteros y dejando tras de sí más de doscientas muertes, miles de damnificados y un paisaje de devastación. Lo que debía ser un episodio meteorológico grave se transformó en tragedia humana por la cadena de errores políticos, técnicos y administrativos que se desplegaron aquel día.
Desde primeras horas de la mañana, la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET) había emitido avisos de nivel rojo. Sin embargo, el
gobierno valenciano reaccionó con lentitud. El Centro de Coordinación de
Emergencias (Cecopi) no se activó en su nivel máximo hasta que la situación ya
era incontrolable, cuando los ríos se habían desbordado y las carreteras
estaban bloqueadas. Esa demora, según reconocieron después los propios informes
de emergencias, costó vidas.
La coordinación institucional fue caótica. AEMET, la
Confederación Hidrográfica del Júcar, las direcciones territoriales y los
ayuntamientos actuaron sin una jerarquía clara. Los embalses no fueron
gestionados preventivamente, los cauces se desbordaron y las alertas
municipales no llegaron a tiempo. Las líneas de emergencia colapsaron con miles
de llamadas —más de 15.000 en pocas horas— mientras centenares de personas
pedían auxilio sin respuesta.
En medio de ese caos, la figura del presidente de la
Generalitat, Carlos Mazón, quedó marcada por la ausencia y la descoordinación.
Diversas fuentes periodísticas señalaron que Mazón no se encontraba en el
Cecopi durante las horas críticas de la DANA, sino en Alicante, desde donde
siguió los acontecimientos de forma remota. Su desplazamiento a Valencia se
produjo cuando la catástrofe ya había estallado por completo. Esa falta de
presencia en el centro de mando —que debía liderar la respuesta y la comunicación
institucional— generó un vacío de autoridad en el momento más crítico.
La reacción tardía y desorganizada del Ejecutivo autonómico
se tradujo en decisiones inconexas: municipios que no sabían si evacuar o
esperar, servicios de rescate sin instrucciones claras, y una ciudadanía que
recibió información contradictoria a través de los medios. La ausencia de un
liderazgo visible en esas primeras horas fue uno de los fallos más graves de la
gestión, tal como reconocieron posteriormente responsables de emergencias y
alcaldes afectados.
Pero el problema no empezó ese día. Durante años, se habían
recortado presupuestos de mantenimiento de cauces y limpieza de barrancos, se
habían aplazado obras hidráulicas estratégicas y no se habían modernizado los
sistemas de alerta temprana. En los presupuestos autonómicos de 2024, apenas un
0,3 % del gasto se destinó a infraestructuras de prevención climática, una
cifra ridícula frente al riesgo creciente de lluvias extremas. Mazón había
anunciado en campaña un plan de resiliencia hídrica, pero al llegar la tormenta
ese plan seguía en fase de estudio.
Tras la tragedia, la Generalitat trató de transmitir una
imagen de control y empatía. Se prometieron ayudas inmediatas, indemnizaciones
y una revisión del sistema de emergencias. Sin embargo, la realidad fue otra:
las compensaciones se demoraron, muchas familias siguieron meses sin hogar, y
los informes técnicos se archivaron sin consecuencias políticas. Ningún alto
cargo dimitió. Ninguna comisión parlamentaria logró depurar responsabilidades.
La sensación de impunidad aumentó el dolor de las víctimas.
La responsabilidad política de Carlos Mazón es doble. Por un
lado, por la falta de liderazgo y presencia operativa en el momento crítico;
por otro, por no haber adoptado medidas preventivas estructurales sabiendo que
el riesgo de lluvias torrenciales estaba documentado desde hacía años. Su
gobierno —como los anteriores— priorizó la expansión urbanística sobre la
planificación hídrica, permitió construcciones en zonas inundables y no reforzó
los planes locales de emergencia.
Un año después, muchas de las carencias persisten. No se han
instalado sistemas de sirenas en barrios de riesgo, los cauces continúan sin
mantenimiento integral y los planes de evacuación no se han actualizado.
Tampoco se ha creado un fondo estable de resiliencia climática ni se ha
aprobado una ley autonómica de gestión de riesgos hidrológicos. La Generalitat
ha anunciado auditorías y nuevos protocolos, pero sin plazos concretos ni
rendición de cuentas.
La tragedia del 29 de octubre no fue solo un fenómeno
meteorológico: fue el reflejo de un modelo de gestión política que improvisa
ante lo inevitable. La DANA desnudó las costuras de un sistema que actúa tarde,
comunica mal y olvida pronto. Y si la lección no se aprende —si Mazón y su
gobierno no asumen que el cambio climático exige planificación y
responsabilidad real—, la próxima tormenta no será solo una amenaza natural,
sino un nuevo fracaso humano.
Lo más grave es que muchas de aquellas fallas no se han
corregido de manera sistemática. No hay aún un programa estructural fuerte para
modernizar la red de alertas, entrenar a ciudadanos y cuerpos de emergencias
ante eventos extremos crecientes, ni un diseño urbano resiliente que considere
el agua como un elemento activo, no un enemigo silencioso. No se han reformado
suficientemente los cauces, no se han recalibrado embalses con criterios de
seguridad cambiantes, y no se ha logrado instalar un sistema de simulacros
ciudadanos a gran escala. Tampoco se ha impuesto una normativa estricta que
prohíba ocupaciones en zonas inundables ni obligue a planes obligatorios en los
municipios.
Para que ese desastre no vuelva a repetirse se exigen
cambios rotundos:
Prevención real y continua: mantenimiento activo y limpieza
de cauces, restauración de riberas, obras de contención y estructuras que
retengan caudales extraordinarios.
Sistemas de alerta temprana eficaces: con sensores
automáticos, alertas masivas (SMS, sirenas, megafonía urbana) y coordinación
ágil entre AEMET, Generalitat y municipios.
Planes de evacuación claros y ejercitados: rutas seguras
diseñadas y ensayadas con los vecinos, simulacros periódicos y educación
ciudadana.
Infraestructura resiliente en ciudades: drenajes
sobredimensionados, pavimentos permeables, zonas verdes de retención, barreras
naturales.
Gestión hidráulica proactiva: reservas regulables, manejo
riguroso de embalses con predicción meteorológica avanzada, y cooperación entre
Confederaciones Hidrográficas.
Mandato institucional claro en emergencias: autoridades
visibles, roles definidos, activación inmediata del centro de coordinación con
plena capacidad.
Justicia, transparencia y responsabilidad: investigaciones
públicas, sanciones si hubo negligencia e implicación de responsables
políticos, reparaciones dignas a víctimas.
Financiación estable para resiliencia climática: recursos
permanentes especializados, no parches tras el desastre.
Porque aquella tarde del 29 octubre no fue solo la furia del
cielo: fue el fracaso de quienes debían proteger. Si no aprendemos y
reformamos, la próxima DANA —y vendrán, como advierten los climatólogos— puede
golpear aún más fuerte. Valencia y sus pueblos deben levantarse no solo con
ladrillo y asfalto, sino con memoria lúcida y voluntad colectiva de no repetir
la catástrofe.
Fuentes principales:
“Las 24 horas del desastre de la DANA en Valencia…”
(Infobae) infobae
Wikipedia: Inundaciones de la DANA de 2024 en España
Wikipedia
“Análisis de la gestión de emergencias durante la DANA”
Actualidad 24 Noticias
“Un año de la dana: irresponsabilidad y encubrimiento”
elDiario.es
Obras de emergencia DANA 29O2024 (Confederación Hidrográfica
del Júcar) chj.es
“Las imágenes del antes y después de las zonas afectadas”
(RTVE) RTVE
Otros artículos periodísticos sobre víctimas y daños (El
País, etc.)
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