Hay que
reconocer que a Rajoy le cuesta eso de concretar. En parte porque tras ese aire
socarrón, previsible y de abuelete sensato, se esconde un hombre de ideas
claras y escasas voluntades y habilidades para explicarlas. El ya sabe lo que
tiene que hacer.
Llevamos
meses, como mínimo, en ascuas, intentando saber cual será la amarga medicina
que deberemos beber, para sanar nuestro malherido cuerpo social. Y hemos oído
obviedades y golpes ya descontados.
Las
primeras semanas de esta laboriosa legislatura nos ha permitido, sin embargo,
dar otro paso en la subida a la cima de la verdad.
Lo que
parece claro, es que Rajoy basará su segundo año Mariano en el famoso proverbio
de Maquiavelo de que las medidas más duras, deben asumirse cuanto antes.
Sigue
habiendo mucho, como hoy decía Gaspar LLamazares, de calculada ambigüedad, en él,
en sus socios y en sus rehenes.
Pero la ha
habido en las concreciones, no tanto en el camino a seguir. La idea de abandonar
a los pensionistas, una vez que ya han votado, y algunos no llegarán a las
siguientes elecciones, tiene mucho de ajustar por el tramo más débil. Y la acción
ha sido clara, no actualizar las pensiones y subir las cotizaciones de los
pocos activos que quedan en el tajo. Y en la izquierda silencio.
En todo
caso, los pagos indirectos, las becas, las ayudas sociales y la atención a la
dependencia son cuestiones esenciales, junto al recorte en términos reales de
las pensiones, signos evidentes de una política social que solo se basa en
gestos.
En un país
donde más de un millón de familias vive con poco más de 400 € al mes, en el que
muchos dependientes viven solo por su familia, y donde hay estudiantes que
abandonan por falta de dinero, gastar 200 millones en que un padre tenga un
permiso de 15 días más cara ver crecer a su vástago, no me parece razonable. Es
tanto como decir que el que siga vivo mejorará su vida, y el que está en la
cuneta tiene permiso para cavar su tumba, un poco más abajo.
Con todo,
me gustaría que entendierais que centrar ahora el debate de las pensiones en la
subida o no del 0,25% de poco vale, pues
el problema no es de subidas lineales y generales, si no de tramos en una
España con una escala de pensiones que va desde los 340 € hasta los varios
miles mensuales. Ese abismo debe ser también afrontado.
El tema
laboral sigue dejando incógnitas, y no sé si prometedoras. Al fin el gobierno,
y en eso ha coincidido parte de la oposición ha tomado cartas en el asunto del
autoempleo y los autónomos. La simplificación de los trámites administrativos,
los apoyos a la investigación colaborativa o las ayudas en la contratación son
pasos importantes. Y más aun la batería de medidas fiscales, la gran
herramienta mariana para solventar la crisis.
Pero las
medidas hacendísticas de apoyo a las empresas, las pequeñas y autónomos, que continúan
con la política de la los últimos años de poner en marcha de un procedimiento
que permita compensar las deudas de las Administraciones con las empresas, en
algo parecido a una cuenta corriente tributaria o la exención del pago del IVA
de las facturas no cobradas, una medida que las evitará, como este año, tener
que pagar más de 1700 millones de euros por servicios prestados y que han
implicado unos costes, pero que aun no se han cobrado, son una parte del
problema, con una solución diluida en la falta de desarrollo normativo y el
laberinto autonómico que hace que esto se afronte en cada lugar de España de
una manera distinta, o no se aborde.
Pueden ser
también beneficiosas las nuevas modificaciones sobre el impuesto de sociedades
propuestas por Ciudadanos, con la creación de un tipo reducido del 20% para las
empresas con una cifra de negocio inferior a 12 millones de euros y un aumento
del tipo reducido del 25% para el primer medio millón de euros de la base
imponible.
La idea
parece clara, incentivar la actividad económica. Pero estas medidas no parece
que vayan a dar frutos de inmediato. ¿Por qué?. Porque los cambios normativos
van a venir acompañados de un presupuesto muy restrictivo con obstáculos múltiples
al gasto social, con la cara vuelta a la investigación y el I+D+i, y con una
legislación laboral que condena a media población a algo parecido a la
esclavitud.
Solo basta
hablar con cualquier funcionario de los servicios públicos de desempleo para
comprobar su hartazgo ante un sistema nauseabundo que contrata por horas,
despide impunemente a los trabajadores y soslaya la ley con continuos fraudes
en los modelos de contratación.
Y eso solo
tiene un resultado, quien no tiene dinero no consume, quien no tiene futuro no
invierte.
Un centro
temeroso de nuevas elecciones y una izquierda devastada por la división son
conscientes de esto, pero incapaces de afrontar las ambigüedades de Rajoy que
sostiene su apoyo en el electorado en su gesto impávido y el temor de la
población a que exista algo peor que él, que ya es temer.
Otro dato,
la superación en esta legislatura de la tasa cero de sustitución en las
administraciones públicas está por ver, y dada la masacre que han sufrido
algunas plantillas de hacienda, educación, justicia y sanidad, harán falta años
para ver un comportamiento normal de las administraciones, capaz de ayudar a
los ciudadanos necesitados.
Tampoco hay
planes para una mayor flexibilidad de funcionarios, redistribuyendo las
plantillas en puestos y destinos razonable. Pero es que el empleo público, o su
carencia, puede ser un golpe imprevisible para las listas de paro y la demanda
interna. Y es que un menor empleo, y las medidas de reducción de gasto que le
acompañe, pueden tener un efecto devastador para la economía y para la igualdad
social. Especialmente en tres campos, el educativo, el sanitario y el de la
dependencia.
Las cartas
de no renovación de miles de trabajadores de los servicios sociales en las
comunidades regidas por el PP, a contar desde el 30 de diciembre son un mal
augurio. El deseo del gobierno de establecer una lista de servicios sanitarios
básicos y una de potencial sujetos al copago, es un mal augurio. Y la promesa
de un año más de bachillerato y extensión del bilingüismo y el trilinguismo,
una quimera sin sentido, en este panorama de recortes, pues un año más de
estudios y un cuerpo, que ahora no hay, de profesores bilingües, nos lleva a
unas inversiones inverosímiles en este contexto de reducción de déficit.
Una última
cuestión, que me ha resultado llamativa. Nuevos contratos, nuevas formas de
negociación más locales, más manga ancha para el empresariado, aunque, eso si,
más autoempleo y ayuda a la conciliación familiar. ¿Qué se va a hacer con el
salario mínimo interprofesional y su rácano aumento?. ¿Que se va a hacer con
los contratos de formación? ¿Qué se va a hacer con los investigadores, por
ejemplo con los despedidos por el PP en estos años?.
Por lo
demás, nada o casi sabemos sobre el problema territorial, la corrupción (que es
cosa del pasado según Rajoy, la reforma
electoral, la gestión del sector publico o la modernización de infraestructuras
(las carreteras nacionales, que se están llevando a cientos de vidas) por poner
algunos ejemplos.
Seguiremos viviendo
en la ambigüedad, cada vez más perfeccionada, y cada vez con más críticos en
silencio.
Imagen El país
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