Esta tarde, el congreso de los diputados ha convalidado, gracias a la mayoría parlamentaria gubernamental, y pese a la petición unánime de la oposición de una revisión de este decreto, una de las leyes más atroces que se conocen en la historia parlamentaria española, en su continente y en su contenido, el Real decreto de recorte sanitario.
Como explicaba el diputado de IU Gaspar Llamazares, no se recuerda que un asunto de tanta trascendencia e interés sea despachado en un decreto de 10 artículos y alguna disposición transitoria, en dos páginas. Pero lo que se recuerda aun menos, es que tan magra ley pueda tener, horas después, un anexo de corrección de errores, por parte del propio ministerio de sanidad que dirige Ana Mato, con nada menos que 76 correcciones de errores. Prácticamente una por línea. Errores gramaticales y de fondo, como las condiciones de obtención de tarjeta sanitaria para los menores de 26 años. Casi nada.
La ley que hoy tenemos la desgracia de comentar es parte de esa política obsesiva del gobierno por recortar gastos. Cierto es que la situación económica que atraviesa el país requiere una acción decidida y contundente de nuestros gobernantes para resolver los graves problemas que nos aquejan y que nos siguen conduciendo a una situación de empleo y financiación insostenible. Para ello es preciso un gobierno fuerte y estable, con apoyo parlamentario. De igual forma que precisamos un gobierno independiente, un gobierno con ideas claras y un gobierno que afronte reformas.
El decreto sobre el sistema sanitario español deja claro que carecemos de la mayoría de requisitos anteriores. Por encima de los intereses nacionales y de nuestra legitima capacidad de decisión, el gobierno es el resultado de una sumisión total y ciega a las autoridades europeas y a los gobiernos que las manejan, que nos han impuesto una política de reducción de gasto (aumentar los ingresos es imposible en una economía poco menos que abandonada a su suerte y sin posibilidad de crecimiento), para así atender a sus intereses de mantenimiento de la estabilidad monetaria (precisa para sus intereses exportadores) y sus intereses de ahorro. Los mismos gobiernos europeos que, llegado el caso, son incapaces de tomar decisiones colectivas o de actuar en nuestra defensa, como, hasta el propio Luis de Guindos empieza a denunciar, ante la pasividad del Banco Central Europeo.
Pero la ley sanitaria no solo desvela la escasa independencia gubernamental. Una ley tan chapucera, mal redactada y deficiente en su contenido, desvela un gobierno poco capaz en algunas áreas, en sanidad es escandaloso, y que no tiene, al menos de momento, ninguna intención de reformar el país, sino solo de ahorrar dinero, sean cuales sean las consecuencias futuras para nuestro modelo de sociedad.
Porque estamos mezclando en estos meses, y este decreto es un ejemplo, con conceptos distintos. Una cosa es la racionalización del gasto y la eficiencia en la gestión (algo imprescindible y que era necesario tras los despropósitos socialistas), y otra muy distinta la modificación de los modelos de servicios y de los principios constitucionales. Se hizo con la reforma laboral y se vuelve a hacer con un decreto que acaba, en sus primeros artículos, con el concepto de universalidad de la sanidad, para introducir un derecho no planteado así en nuestra constitución, el de que solo pueden recibir asistencia sanitaria pública los asegurados, dejando al albur del gobierno quienes son los asegurados y quienes los beneficiarios de estos. Nada que ver con la universalidad de la sanidad que los españoles han construido en estos años de democracia.
Pero el decreto es un revoltijo de cosas, en el cual recortes y modificación de modelos se cuelan en dos páginas. Y en ese revoltijo, errores que sacarían los colores a cualquiera, como el hecho de que CiU haga ver a la ministra que entre los muchos cambios introducidos, se han dejado en la indefinición a colectivos enteros, como los 200.000 usuarios del SOVI,a los que ni se cita en el decreto. O el hecho de que entre el informe sobre sanidad aprobado por el consejo de ministros, y la memoria económica del decreto haya 500 millones de euros de diferencia. Que falta de rigor, de profesionalidad y de organización. Un ejemplo más de recortes hechos de cualquier manera. Ante todo este cúmulo de despropósitos toda la oposición, en todos los tonos y colores han pedido, en vano, que el decreto se convirtiera en ley, y que abriera un debate sereno en el parlamento para una ley de sanidad consensuada donde todos aportaran ideas y compromisos. Pero no, es más fácil recortar a lo burro, entregar a Bruselas su ración diaria, y que los más desfavorecidos se apañen con la iglesia, Cáritas, vecinos y las ONG.
Este es el precio de reponer el dinero que nuestros políticos han malversado en cajas, diputaciones y autonomía, que ellos mismos re-roben a los ciudadanos privándoles de los servicios que han conquistado con su trabajo y esfuerzo de años, los mismos que llevamos manteniendo a administradores públicos como el presidente del congreso, Jesús Posadas, cuyo despotismo se ha visto esta tarde una vez más, al tratar de forma indigna a representantes como los de UPyD, ERC o PNV, o como cuando pedía a los portavoces brevedad para acabar cuanto antes. Una imagen en la linea de la soledad de la ministra en el banco azul. Son temas menores estos de sanidad y educación, no hace falta explicar, ni dialogar ni tan siquiera estar presente. O eso al menos ha debido pensar el presidente del gobierno, dedicado en la tarde a grabar un video promocional. Este es otro rasgo de nuestra actual democracia, hacer de todo un trámite irremediable.
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