Hay fotos raras, las hay absurdas, y está esta. La imagen esta tomada el pasado día 27, antes del comienzo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), un foro que reúne a los consejeros de economía y hacienda de las Comunidades Autónomas, más los ministros de administraciones territoriales y hacienda, y los secretarios de estado de Hacienda y Cooperación territorial. La imagen poco presagiaba la tormenta que se avecinaba, aunque algo ya se barruntaba, y si escondía mucho sarcasmo, y algo de ridículo, por parte del gobierno central, resumido todo ello en ese elegante toque de tripita del Secretario de estado de cooperación, el inefable Gaspar Zarrias, que no se sabe muy bien si entona el socorrido habanero “cómeme, cómeme”, o intenta ilustrar que se van a comer con patatas a los consejeros presentes.
El punto de fricción entre gobierno central y los periféricos ha estado, esta vez, en la interpretación de la Nueva Ley de Financiación autonómica, impulsada por el propio gobierno, y que el CPFF aprobó el 15 de julio de 2009, hace menos de dos años.
En esa nueva ley, se introdujo un mecanismo de corrección, el fondo de competitividad, que establecía transferencias suplementarias de fondos a aquellas comunidades que, con el nuevo sistema, hubieran vista disminuida su financiación per capita, teniendo en cuenta ciertos parámetros correctores, o cuya financiación per capita, se encontrase por debajo de la media, garantizando así, una cierta homogeneidad en la capacidad de los gobiernos regionales, para atender a los compromisos de atención al ciudadano.
Ya en su día, y como la experiencia es un grado, las comunidades pidieron que se cambiara la redacción del texto de la ley para dejar constancia que el fondo "se concederá" a quelas comunidades que cumplan los requisitos de este fondo, sustituyendo a un revelador "se podrá acordar", y que el gobierno pretendía introducir para curarse en salud. Pasado el tiempo, y dados algunos anticipos, basados en la ley, el gobierno se ha negado a transferir las cantidades demandadas por las comunidades de Madrid, Cataluña, Murcia y Baleares, y en menos medida por otras siete. ¿Razón?, bueno, hay argumentos jurídicos, hay posibles interpretaciones contrarias al pago, y hay muy pocas ganas de pagar, o lo que es lo mismo, no hay un duro.
La cuestión tiene una lectura política muy clara, es una batalla más en la guerra entre PSOE y PP, acusando este a aquel, de falta de compromiso, lo que mina aun más, si cabe sus expectativas electorales. Al tiempo que revela los problemas internos del propio partido del gobierno, al que se han subido a las barbas algunas organizaciones territoriales, caso de la catalana y la balear.
Pero detrás de eso, justo en la semana en que se ha comprobado la ineficacia de las medidas activas de empleo, revela una situación muy preocupante. Medidas, paquetes y proyectos son letra barata, fácil de incumplir, y a las pruebas nos remitimos. Si la actividad legislativa languidece (llevamos casi un año de retraso en la ley de economía sostenible, que el propio gobierno identifico como clave en su modernización de España), el que las pocas leyes que se hacen no se apliquen es terrorífico, porque desvela que estamos como el agua en un pantano, estancados.
Posiblemente no estemos solo ante un problema de falta de voluntad política, sino ante una situación de extenuación financiera que hace imposible que el gobierno cumpla. Y esto es grave, si es que los inversores extranjeros, los que compran deuda, toman nota.
Pero no solo es cuestión de criticar al gobierno, que siempre se lleva los palos. Algunas comunidades han hecho de esta negativa a pagar un “casus belli”. ¿Por que?, porque ellos tampoco tienen un duro, porque ellos han incumplido todos los requerimientos del estado sobre austeridad y porque, en el colmo de los colmos, habían incluido en sus presupuestos estos dineros, a fin de sanear cuentas y así conseguir otras formas de financiación (Cataluña y su deuda es un ejemplo), lo que les llevará a no poder endeudarse o a que nadie quiera su deuda (Cataluña, a la que las agencias de rating han bajado al A3, casi bono basura).
Así las cosas es difícil elegir entre un gobierno mentiroso y pobre, y 17 cabreados y despilfarradores. Es difícil, muy difícil.
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