viernes, 16 de diciembre de 2016

Aquella que fue mi casa



Como quizá sepáis, un hombre se ha suicidado esta semana en Castellón, en el instante anterior a que le quitaran su casa. Ha sido dos días antes de que Carlos y María (y sus hijos), fueran echados de su casa cerca de Coruña, por el impago de una deuda con un prestamista, en el último intento por salvar su casa. Tres días antes de que dos ancianos, Berta y José Manuel fueran engañados por otro prestamista. Cuatro días antes de que …

Aunque quizás no lo sepáis, el drama de los desahucio es tan cotidiano que ya no es noticia, y, además, nuestra atención esta presa de otros asuntos más atractivos, que casi siempre anidan en Ferraz, en la Audiencia Nacional o en Cuba. Además, la noticia es otra, el sector inmobiliario se recupera, así que las historias de quien le habitan van a quedar presas en el olvido de sus paredes.

Es cierto que los humanos resultamos extremadamente sensibles ante estímulos emotivos, y poco ante los racionales y que la reiteración de lo emocional resulta cansino. Pero esto es demasiado. En el último año se han producido 5 muertes atribuidas, por los juzgados, a procesos de desahucios, suicidios, para entendernos. Desde el comienzo de la crisis han sido desalojadas de sus casas 428.856 familias, al menos hasta el 30 de agosto.




De esas casas donde los bancos y cajas han desalojado a sus familias, el 87%, según fomento, permanecen vacías, son bienes económica y socialmente estériles. Un 72% de esas viviendas desalojadas, según contaba televisión español hace un mes, han pasado a manos de unas entidades financieras que las han abandonado (las entidades no afrontan sus gastos de comunidad, ni realizan mantenimiento ni velan por su seguridad) provocando serios problemas a las familias vecinas. Y así una larga y abrumadora lista de datos, con cientos de denuncias, procesos judiciales, reportajes periodísticos, iniciativas de algunos partidos, petición de piedad por la iglesia y hasta la advertencia de la Unión Europea sobre que la situación española es inasumible y dudosa, jurídicamente hablando.

Una situación esta de los desahucios que es una muestra más del caos inmobiliario que ha vivido el país en los últimos años. Una muestra del caos político que padecemos, no solo por la corrupción que ha provocado, en parte, esta situación, sino porque esta nos demuestra la falta de profesionalidad, sensibilidad e interés social de la clase política (en términos generales), financiera y sindical.

Quienes nos gobiernan lo hacen en nuestro beneficio, o eso suponemos. Y para más INRI, son quienes, en términos generales, han dirigido las politizadas cajas españolas  hasta las que llegaron los dedos de partidos e instituciones, de la misma manera que han dirigido las instituciones de supervisión.





Por no hacer, ni siquiera tuvieron a bien revisar una ley hipotecaria pensada para otros tiempos, donde el mercado estaba menos universalizado, la valoración de los activos sufría una constante revisión al alza y los ingresos de la población eran más constantes.

Hace meses, ante el horror de un dramático suicidio en Baracaldo, se prometió, deprisa y corriendo, una revisión de la ley que, sabiendo como se las gastan los gobernantes, prometía traer, en su precipitación, nuevos problemas. Pero no, no se han producido más problemas, solo los mismos.

Es cierto que el problema hipotecario y el del mercado de alquiler, que está asociado, es muy complejo. Miles de familias han perdido su casa, adquirida de buena fe, pero con poco conocimiento. Otras han sufrido cláusulas y condiciones abusivas en la concesión de sus casas. Algunos hipotecados han tenido problemas con el idioma, no subsanados en el momento de la firma del contrato por notarios con pocos escrúpulos. Hay casos de desahucio en segunda vivienda. Casos de alzamiento de bienes. Por haber, y de eso sabemos en Santander, hay desahucios realizados por la administración para realizar en esos solares obras inútiles pero que dejan en la calle a gente de mucha edad. Incluso, os lo comentábamos hace algunas semanas en eolapaz, hay desahucios de madres realizados por sus hijos. En fin, toda una cultura del expolio.

No, no hablamos de una reforma sencilla. Legislar con la foto del drama semanal en una mano y el corazón en la otra no es una solución duradera. Pero queda bonito.

Además si fuera fácil nos tendríamos que preguntar porque no se había solucionado antes. Ahora nos encontramos ante problemas no solo económicos. Tres casos, en las últimas semanas, han descubierto la realidad de matrimonios en los que el acuciante problema de la pérdida del hogar no era conocido por uno de los conyuges, a quien se lo ocultaba el otro. La estigmatización social y la vergüenza personal han llegado hasta el extremo de ocultar un signo de tu fracaso como persona, perder hasta tu casa.

Urge una paralización inmediata de los proceso de desahucio (que siguen produciéndose). Y ello ante la evidencia de que miles de familias se encuentran en una situación de indefensión. Lo cual  sumado a la falta de ingresos y trabajo de muchos ciudadanos, puede alentar una explosión de violencia social que no podremos controlar, y donde ya hemos visto motines hasta de los bomberos.





Llegados a esta situación, la pelota esta en el alero del gobierno. Él es el que envía a la policía para apoyar a las comisiones de desahucio, en una imagen lamentable en la que decenas de antidisturbios apalean a familias y vecinos desarmados para lanzarles de su casa. Una desproporción de fuerza y un alarde de autoridad impropia en una democracia, máxime cuando los bancos que promueven esas ejecuciones hipotecarias son nuestros. O están nacionalizados o se mantienen con dinero de nuestros impuestos.

Una situación inverosímil que demuestra la escala de valores de nuestros gobernantes y diputados, en un país donde se ha alentado la cultura de la compra de bienes raíces, las facilidades para comprarlos y la escasa supervisión de la manera en que actúa el prestamista.

Necesitamos, al tiempo, una reforma financiera que no solo regule la manera en que las entidades se sanean (esto es, que todos perdonamos, como ya hemos hecho con los equipos de fútbol, sus errores, delitos y faltas, regalándoles nuestro dinero, para cubrir el hueco del que nos han llevado primero) sino que regule las prácticas comerciales, la profesionalidad de sus gestores, la no intromisión de los políticos en ellas y el seguimiento escrupuloso de un código ético obligatorio, no voluntario como en la actual propuesta Guindos.

Pero una nueva ley hipotecaria, un cambio cultural, una medida urgente para proteger a los más débiles y hasta una reforma integral del sistema financiero no deben obviar otra evidencia. Aquí hay responsabilidades muy graves. Y si no se piden la situación se repetirá, porque habremos enviado el mensaje de que todo vale si eres más fuerte o tienes amigos poderosos. Un ejemplo es el lamentable desfile de altos cargos de cajas que estos días pisan los juzgados, argumentando que ellos no sabían, ellos no estaban preparados para gestionar, ellos eran unos mandados pero ellos cobraban.

Recordar que no hablamos de un problema  concreto, de un drama televisivo sino del drama de muchos, y de la responsabilidad de todos.


Imagen lamarina.com

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