Las últimas
elecciones de la República
tuvieron lugar el 16 de febrero de 1936. Resultaron tensas y muy competidas,
con una participación del 70%. Pese a presentarse muchos partidos, estos
estuvieron agrupados en dos grandes coaliciones:
1. El
Bloque nacional, organizado en torno a la CEDA , pero que no permanecía unido en todas las
circunscripciones electorales. El programa de la derecha consistía en «ir a por
los 300 diputados» para llevar a cabo la reforma de la Constitución , pero sin
mayor concreción.
2. El
Frente Popular, en el que participaron partidos republicanos de izquierda
(Unión Republicana, Izquierda Republicana), regionalistas (Esquerra catalana,
Partido Galeguista) y socialistas y comunistas (PSOE, PCE y POUM). Su objetivo
era volver a poner en marcha las reformas del bienio reformador y acometer una
amnistía general para los encarcelados tras la revolución de octubre de 1934.
3. Tras
ellos, un pequeño grupo de partidos centristas, el principal de los cuales era
el de Portela Valladares.
Este
reparto de fuerzas denotaba una profunda radicalización social, en la cual los
partidos de centro, más moderados y de clases medias habían desaparecido.
El Frente
Popular gano en Madrid, Cataluña, Asturias y toda la periferia mediterránea. La
derecha se impuso en Castilla y Aragón. El partido radical quedó reducido a 5
escaños y Portela ganó en dos provincias. Pese a una cierta igualdad en el
número de votos, la izquierda se impondría por 257 escaños a 139, en virtud del
sistema de elección y la desunión del Bloque Nacional en algunas
circunscripciones. Los grandes triunfadores fueron los partidos republicanos de
izquierda de Azaña, Martínez Barrio y Companys, que sumaban 150 diputados.
Pese a las
presiones militares para que se formara un gobierno de centro apoyado por el ejército,
Portela abandono y Manuel Azaña, se convirtió en jefe de un gobierno solo
republicano, sin socialistas.
Las
primeras medidas estuvieron en relación al programa del Frente Popular:
-
liberación de presos
- restablecimiento
de las instituciones autonómicas catalanas
-
recuperación de la política de reforma agraria
-
En general,
se intento restaurar la política del primer bienio, incluyendo una posición más
favorable a la tramitación de los estatutos de autonomía del País Vasco y
Galicia. El gobierno fue breve, pues en primavera Azaña asumió la presidencia
de la republica. Nunca sabremos si para apartarle.
2. LOS
INICIOS DEL CONFLICTO CIVIL
Tras las
elecciones el ambiente se radicalizo aun más, en la calle y en el parlamento,
en lugar de tranquilizarse.
Los
sindicatos (UGT y CNT), aun con el rencor por la actuación de la derecha
durante el bienio rectificador y por la represión de Asturias, y muy
influenciados por el Komitern, actuaron de una manera mas coordinada,
manteniéndose en una permanente movilización callejera, con numerosas huelgas.
Frente a
ello, los partidos perdieron control de las masas y capacidad de actuación
conjunta. Y ello en parte por una masa obrera descontrolada que prefería la
revolución social a un apoyo al gobierno, considerado «burgués».
La extrema
derecha (FE JONS o Renovación española), e incluso parte del Bloque Nacional,
confiaban cada vez menos en la vía parlamentaria (visto lo ocurrido en 1934)
para alcanzar el poder y salvar sus valores e intereses, con lo que los lideres
moderados, como Gil Robles, perdieron predicamento.
El
resultado fue un abandono de la lucha parlamentaria y una entrega ciega a la
violencia callejera, representada en cientos de asesinatos, incendios de iglesias
y enfrentamientos, sin que el gobierno fuera capaz de controlar el orden
público.
Ante ello
el ejercito (que había ido mostrando su descontento y su intervencionismo desde
1904), se mostraba dividido, pero con una creciente tendencia a hacerse con el
control del poder. Parte de sus mando, encabezados por Mola, entendían que ante
la gravedad de la situación, España precisaba de una intervención salvadora que
evitara la intervención extranjera (KOMINTERN) y la destrucción por las masas
de los valores cristianos, la propiedad y la unidad nacional.
Los
asesinatos políticos del teniente Castillo y de Calvo Sotelo en julio de 1936
acelerarían la sublevación militar, cuyo fracaso sumiría al país en una larga y
vengativa guerra civil.
3. EL MARCO
EUROPEO
La amenaza
de una nueva guerra mundial se hizo cada vez más presente desde el ascenso de
Hitler al poder (1933). A ellos se unía la falta de respuesta de las democracia
(Francia e Inglaterra), ante la invasión de Checoslovaquia y Austria, el
aislacionismo americano (sumidos en una profunda depresión económica) y el
incremento de la presencia de la
URSS en Europa.
Pese a los
acuerdos europeos para mantener las fronteras europeas y la Paz (pacto de Estresa), Italia
invadió Etiopía, lo que evidencio la poca garantía de esos pactos. Tras ello
Italia comenzó su acercamiento a Hitler, con quien firmaría en 1936 (inicio de
la guerra española) el «eje» Berlín-Roma.
Junto a
ellos, Alemania había comenzado en 1935 una política de rearme, ocupado en 1936
la región desmilitarizada de Renania y firmado con Japón el Pacto
Antikomintern, una alianza contra la Internacional Comunista.
En 1938,
Hitler invadió Austria, penetró en los Sujetes checos, estableció un
protectorado sobre Bohemia y Moravia e impulsó la independencia de Eslovaquia.
En 1939 se
adentró en Polonia, lo que dio origen a la Segunda Guerra
Mundial.
Frente a
ello, Francia y Gran Bretaña pretendieron llevar a cabo una política de
concesiones negociadas con los dictadores. Esta política se manifestó con la
invasión italiana de Etiopía y culminó en la Conferencia de Munich
de 1938, en la que Gran Bretaña, Francia e Italia aceptaron la ocupación de los
Sudetes, lo que supuso una auténtica claudicación ante Hitler. Una política así
hace comprender la posterior pasividad en ayudar a la republica (caótica y
supuestamente a merced de los obreros y de Rusia, una nación mas peligrosa para
las democracias que los fascismos, se creía). La razón de tener mas miedo a la URSS , que a los fascismos
radicaba en que la URSS
trató de exportar el modelo de sociedad comunista que ella representaba y que
en los años treinta competía por imponerse en Europa frente al modelo fascista
y al democrático.
Hacia 1936,
la URSS , bajo la
dictadura de Stalin, se había convertido en una gran potencia industrial. Su
independencia frente al exterior se basaba en su poder militar.
La
reorientación de la política exterior de Stalin significaba un acercamiento a
las democracias occidentales y un cambio de estrategia de la Internacional Comunista :
los partidos comunistas renunciarían de momento a implantar el comunismo en sus
respectivos países y se aliarían con los partidos de la izquierda burguesa y
con los socialistas formando frentes populares para defender la democracia ante
el avance del fascismo.
Las
limitaciones de esta nueva política llevaron a Stalin a firmar un Pacto de No
Agresión con Hitler en el año 1939.
En esas
circunstancias, la crisis de poder que arrastraba la Segunda República
desde 1934, acabaría en una guerra civil en la que se enfrentarían todos esos
intereses.
4. LA SUBLEVACION
En 1936, un
amplio sector del ejército sentía que estaban amenazados sus intereses
corporativos, sus intereses de clase y su concepción tradicional de España y
del orden social.
Tras las
elecciones de 1936, algunos líderes de la derecha (Gil Robles, Calvo Sotelo...)
y altos mandos militares (Franco, Fanjul, Goded...) pretendieron que el
gobierno de Portela Valladares impidiera el traspaso de poderes a las fuerzas
del Frente Popular. Fracasadas estas gestiones, algunos militares de alta
graduación decidieron derribar al nuevo gobierno frentepopulista. El
pronunciamiento lo dirigiría una Junta Militar presidida por Sanjurjo y de la
que formaban parte los generales Goded, Franco, Mola, Saliquet, Fanjul, Ponte,
Orgaz y Varela.
Los
gobiernos de Azaña y Casares Quiroga no prestaron demasiada atención a la
preparación de la sublevación, pese a los rumores, y se limitaron a aplicar
algunas tibias medidas de protección:
- Vigilar a
algunos militares sospechosos.
- colocar
en puestos clave del ejército a mandos supuestamente republicanos
- Desplazar
a destinos considerados poco peligrosos a los generales de cuya lealtad se
desconfiaba. Concretamente, Mala fue trasladado a Pamplona, Franco a Canarias y
Goded a Baleares.
Y es que el
ejército era la base de toda la rebelión, en la que partidos de derecha y
fuerzas sociales tenían un papel muy secundario. Tradicionalistas, falangistas
y alfonsinos quedaron subordinadas al ejercito y la CEDA no se mezclo, aunque lo
sabia. La salida al golpe era implantar una dictadura militar poco definida en
sus medios, ideología y objetivos
El
asesinato de Calvo Sotelo el13 de julio por guardias de asalto, como respuesta
al de un teniente ugetista del mismo cuerpo -José Castillo- cometido horas
antes por la extrema derecha, acabó con las últimas dudas.
5. EL GOLPE
DE ESTADO
EI 17 de
julio de 1936 se inició la rebelión militar en Melilla, Ceuta y el protectorado
español en Marruecos.
El
alzamiento militar se produjo en la Península el día 18, pero fracaso en casi la
mitad del pais ante la enorme resistencia obrera, de los partidos de izquierda
y de los sindicatos. Y especialmente la de los militares, guardias civiles,
guardias de asalto y carabineros que permanecieron leales a la Constitución de 1931.
Sin la división del ejército y de las fuerzas del orden público, la sublevación
probablemente hubiera tenido asegurado un éxito inmediato.
El día 19
Franco aterrizó en Tetuán, procedente de Canarias, y se puso al frente de las
tropas africanas. Desde el primer momento, asumió un poder inmenso porque las
unidades de Marruecos (alrededor de 45.000 hombres, en su mayoría
profesionales) eran las más disciplinadas y las mejor preparadas del ejército
español.
Tras esas
primeras horas, España quedo dividida en dos zonas:
1. La zona
rebelde, norte de Marruecos, Canarias, Baleares (salvo Menorca), Galicia,
Oviedo, Álava, Navarra, la parte occidental de Aragón con sus tres capitales,
Castilla la Vieja-León ,
Extremadura noroccidental y determinados núcleos dispersos de Andalucía
occidental, como eran las ciudades de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Granada.
2. La zona
fiel a la republica quedo formada por Asturias, Santander, Vizcaya, Guipúzcoa,
Cataluña, Levante, Extremadura suroriental y la mayor parte de Castilla la Nueva y Andalucía.
Asi quedaba
planteada la guerra civil iniciada por el alzamiento rebelde. Una guerra
marcada por el intento de imponer una dictadura militar o defender la república
democrática, pero la guerra se manifestó también como lucha de clases,
contienda religiosa, choque entre nacionalismos y enfrentamiento entre fascismo
y comunismo.
6. LA INJERENCIA EXTRANJERA
Los dos
bandos recibieron una ayuda (fundamentalmente en armamento y soldados) muy
elevada. La destinada a los sublevados fue, sin embargo, más regular y algo más
cuantiosa.
Francia y
Gran Bretaña impulsaron una política de neutralidad y no injerencia, para no
provocar una chispa que arrastrara a las demás potencias a una guerra general.
A esa neutralidad oficialmente se sumaron Alemania, Italia, Portugal, Bélgica, la URSS y otros países. Esta política
perjudicó a la República ,
ante la hipocresía de alemanes e italianos, que incumplieron lo pactado, ante
la pasividad franco-británica. De hecho, el Comité de No Intervención, creado
en Londres en septiembre de 1936, fue completamente inoperante.
De los
Estados potencialmente aliados de la República , sólo México y la URSS acudieron en su auxilio.
La ayuda de la URSS
adquirió grandes proporciones y el gobierno la pagó con oro del Banco de
España. Francia suministró, casi siempre de forma clandestina, armas para
combatir a los sublevados. Además, unos 60.000 voluntarios extranjeros
reclutados por la Komintern
lucharon en las Brigadas Internacionales. Muchos de ellos eran comunistas.
El bando
rebelde recibió apoyo incondicional de Alemania, Italia y Portugal. Las dos
primeras realizaron un aporte ingente, sin que los «nacionales» se vieran
obligados a pagarlo de forma inmediata. Igual ocurrió con el abundante petróleo
abastecido por la TEXACO
o con los camiones vendidos por la
Ford y la
General Motors. Estas compañías estadounidenses operaron con
los insurrectos a pesar de la neutralidad.
7. LA GUERRA.
El objetivo
prioritario de los sublevados fue desde el principio tomar Madrid. Los ataques
contra la capital debían llevarse a cabo de forma simultánea por el ejército
del norte (Mola) y el del sur (Franco).
• El
ejército de Mola se estancó en los puertos de montaña del Sistema Central ante
la resistencia de los milicianos, las tropas leales y el Quinto Regimiento. En
contrapartida, Mola ocupó en septiembre Irún y San Sebastián y dejó la zona
norte republicana separada de Francia y aislada.
• El avance
hacia Madrid desde el sur también se demoró. El paso del estrecho de Gibraltar
por parte de las tropas africanas se realizó a comienzos de agosto, cuando Franco
dispuso de aviones alemanes e italianos para evitar la flota republicana.
Las tropas
marroquíes subieron por Extremadura hasta alcanzar a finales de octubre Madrid,
tras haber entrado en Talavera y Toledo y haberse unido a Mola a través de
Gredos. Simultáneamente, se produjeron cambios dentro de cada bando:
• El
gobierno de Giral dio paso en septiembre al del socialista Largo Caballero.
• Franco
concentró el poder político y militar por acuerdo de la Junta de Defensa Nacional y
más tarde estableció su cuartel general en Burgos.
El gran
asalto franquista a Madrid se produjo en noviembre, pero fracasó. Azaña se
instaló en Barcelona y el gobierno de Largo Caballero en Valencia. La defensa
de la capital corrió a cargo de la
Junta de Defensa de Madrid, presidida por Miaja. La llegada
de los primeros voluntarios de las Brigadas Internacionales y de tanques y
aviones soviéticos fue decisiva en la resistencia de Madrid.
Un
posterior intento de Franco por tomar la ciudad con un ataque sobre el Jarama
en febrero de 1937 y una operación sobre Guadalajara en marzo también
fracasaron. Pero los «nacionales» conquistaron Málaga.
En vista de
las dificultades que ofrecía la entrada en Madrid, Franco se propuso liquidar
el frente norte. El 31 de marzo de 1937, Mola inició la ofensiva, en la que
participaron legionarios, requetés, efectivos italianos y la Legión Cóndor (que
el 26 de abril bombardeó Guernica). El 19 de junio cayó Bilbao y Franco derogó
el concierto económico con Guipúzcoa y Vizcaya y el Estatuto de Autonomía
-aprobado por las Cortes el 1 de octubre de 1936-. El 26 de agosto, los
italianos entraron en Santander y en octubre Franco controló Asturias.
Para
aligerar la presión de los «nacionales» sobre el frente norte, los republicanos
contraatacaron -con escaso éxito- en Brunete (cerca de Madrid) el 5 de julio y
en Belchite (Aragón) el 3 de septiembre.
Tras la
caída del norte, la relación de fuerzas entre los bandos se alteró: la República perdió un área
con abundantes recursos industriales y mineros, redujo su espacio a un tercio
del territorio nacional y su población disminuyó a la mitad de la total. El
gobierno de Negrín, que en mayo había sustituido al de Largo Caballero, intentó
superar la situación.
La idea de
atacar Madrid volvió a estar presente en la estrategia militar de Franco, pero
el ejército republicano se adelantó y a finales de 1937 se apoderó de Teruel.
Los «nacionales», sin embargo, recuperaron la ciudad en febrero de 1938.
Las tropas
franquistas avanzaron por el valle del Ebro hacia Levante y alcanzaron el
Mediterráneo por Vinaroz. El territorio catalán quedó parcialmente ocupado y
separado del resto de la zona republicana, con el gobierno instalado en
Barcelona desde hacía unos meses. El 3 de abril cayó Lérida y Franco derogó el
Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Desde mayo
de 1938, las tropas «nacionales» se dirigieron a Valencia. Pero el 25 de julio
las fuerzas republicanas se lanzaron sobre su retaguardia cruzando el Ebro. La
ofensiva no prosperó y dio lugar a la batalla del Ebro, la más cruenta de la
guerra, de la que el ejército popular de la República salió muy
derrotado. La ayuda soviética llegaba cada vez con más dificultades y las
Brigadas Internacionales habían abandonado España a finales de octubre.
Franco tomó
Barcelona el 26 de enero de 1939. Negrín y los comunistas pretendieron
resistir, pero el 4 de marzo el coronel Casado se sublevó en Madrid para lograr
una capitulación pactada, que Franco rechazó. El 28 de marzo se rindió Madrid.
El 11 de abril de 1939, la guerra había terminado.
8. LA ESPAÑA REPUBLICANA
ANTE EL ALZAMIENTO
La
sublevación militar produjo la quiebra del Estado aunque algunas instituciones
continuaran aparentemente funcionando. El día 19 se formó un nuevo gobierno,
presidido por José Giral, en el que participaban sólo los partidos
republicanos. Era un gobierno muy débil porque apenas disponía de medios para
imponer su poder. Las organizaciones obreras, que habían conseguido que el
gobierno les entregara armas, eran, en realidad, las dueñas de la calle.
Decidían y actuaban con enorme autonomía a través de una serie de juntas y
consejos recién constituidos.
Del lado de
la República
habían permanecido unos 8.500 oficiales del ejército y 160.000 soldados, la
mayor parte de la Aviación
y casi toda la Marina
(con escasos mandos porque los marineros se insubordinaron contra ellos). Pero
la organización militar quedó prácticamente desmantelada. Su poder fue
reemplazado por el de las milicias populares, creadas por los partidos de
izquierda y los sindicatos.
La zona
republicana ocupaba una superficie de 270.000 km2, habitada por 14 millones de
personas. En ella se localizaban un buen número de las grandes ciudades del
país y las regiones más industriales y mineras. Además, el gobierno controlaba
los recursos financieros, destacando por su valor el oro del Banco de España.
Su situación agrícola era, en cambio, más deficitaria.
La guerra
abrió en al republica un proceso descoordinado de revolución social que es
parte de la causa de su fracaso. En la zona republicana, el Estado se
desarticuló y emergieron múltiples y dispersos poderes revolucionarios. Éstos
pusieron en marcha una dura represión que pronto degeneró en terror. Grupos de
milicianos persiguieron brutalmente a sus enemigos reales o supuestos.
Aristócratas, burgueses, militares, afiliados a partidos de derechas y
religiosos destacaron como sus principales víctimas. La Iglesia española, con unos
7.000 muertos e infinidad de lugares de culto saqueados, sufrió la mayor
persecución de su historia. Especialmente graves resultaron los asesinatos en
Paracuellos del Jarama y en Torrejón de Ardoz de más de 2.000 presos sacados de
las cárceles de Madrid en noviembre de 1936.
Los
presupuestos sobre los que se asentaba la actividad económica se modificaron
radicalmente en la España
republicana nada más producirse el golpe de Estado. Las dos grandes centrales
sindicales -CNT y UGT- buscaron acabar con el capitalismo y, donde tuvieron
fuerza, desarrollaron un proceso de colectivización. Dicho proceso supuso la
abolición de la propiedad privada de los medios de producción y la implantación
de la propiedad colectiva, pero no obedeció a un proyecto planificado.
Las
colectividades, dirigidas por un comité elegido en su asamblea general, tomaron
formas diversas en función del sindicato que las había promovido. Surgieron
incluso colectividades mixtas, en las que se involucraron las dos
organizaciones sindicales. La dinámica colectivizadora respetó en general la
pequeña propiedad.
La
revolución social en el campo se extendió por buena parte del territorio
republicano. Participaron en ella en torno a 3.000.000 de campesinos, se
expropiaron cerca de 5.500.000 hectáreas y se crearon unas 1.600
colectividades. Las diferencias regionales fueron sustanciales. En Cataluña y
Valencia, con muchos pequeños propietarios, la colectivización agraria tuvo
escasa incidencia. Por el contrario, en La Mancha , Aragón, Murcia, Andalucía y Extremadura
alcanzó una extraordinaria importancia.
Los
sindicatos constituyeron igualmente colectividades en las grandes empresas
industriales y comerciales y ejercieron el control obrero en las pequeñas.
Estas colectividades proliferaron sobre todo en Cataluña, impulsadas por la CNT. Los sindicatos
gestionaron asimismo numerosas empresas de servicios públicos, ferrocarriles y
transportes urbanos.
La falta de
un mando único en la dirección política y militar de la guerra en la España republicana,
generada por la fragmentación del Estado, pesó negativamente en la evolución de
esta zona. La situación tardó en corregirse porque tropezó con graves
disensiones entre las fuerzas políticas y sindicales.
Muy pronto
se vio que el gobierno de Giral, compuesto sólo por miembros de los partidos
republicanos, era impotente ante la revolución proletaria, y que las milicias
populares no podían combatir con eficacia al ejército sublevado, constituido
por militares profesionales.
El gobierno
de Largo Caballero, formado el 4 de septiembre de 1936 y al que dos meses
después se incorporó la CNT ,
intentó recuperar la fuerza del Estado desde la fortaleza que le daba el estar
constituido por la mayoría de las fuerzas del bando republicano:
• Decretó
la disolución de las juntas y de los comités.
• Reguló
los consejos que regían los ayuntamientos y las diputaciones.
• Potenció
los tribunales populares creados por el gobierno anterior.
• Impuso un
fuerte control sobre el Banco de España.
•
Militarizó las milicias.
La
centralización, sin embargo, avanzaba muy lentamente: el País Vasco y Cataluña,
que disponían de sus propias instituciones, apenas tenían relación con el
gobierno; no todas las milicias aceptaban la militarización; y muchos comités
continuaban actuando por su cuenta.
Tras la
caída de Málaga, en febrero de 1937, los partidos políticos lanzaron una
ofensiva en favor del afianzamiento de la autoridad estatal. El PCE planteó la
estrategia más clara: para ganar la guerra era necesario congelar la revolución
social y defender la posición de las clases medias y de los pequeños
propietarios. Su postura chocó inevitablemente con los sindicatos, y en particular
con la CNT.
En mayo de
1937, después de que en Barcelona las fuerzas de seguridad controladas por el
PSUC y la Generalitat
doblegaran a la CNT
y al POUM en unos enfrentamientos en los que murieron entre 400 y 500 personas,
Largo Caballero perdió el apoyo de los comunistas, de algún sector del propio
PSOE y de algunos republicanos.
El gobierno
de Negrín supuso la pérdida de poder de los sindicatos mientras que los
partidos políticos recuperaban su predominio, en especial el PCE. Este gobierno
representó el triunfo de la centralización y de la política frente populista:
• Se impuso
sobre los comités.
• Recuperó
poder en Cataluña.
• Liquidó
las colectividades y el Consejo de Aragón.
• Dedicó
sus mayores esfuerzos a las tareas bélicas.
Desde que
en abril de 1938 las tropas «nacionales» llegaron al Mediterráneo, en el bando
republicano se planteó, cada vez con más insistencia, el dilema de entablar
negociaciones con Franco o proseguir la guerra. Sólo Negrín y los comunistas
defendieron hasta el final esta última opción, con la esperanza de que la tensa
situación internacional evolucionara en favor de la República.
El gobierno
de Giral pretendió integrar en el ejército a los milicianos mediante la
creación de batallones de voluntarios, con el objetivo de incrementar la
eficacia militar de los primeros momentos de la guerra. Su frustrado intento
dejó pendiente el asunto hasta que el gobierno de Largo Caballero comenzó a
articular una estructura militar más operativa. Sobre las ruinas del anterior
ejército se levantó el ejército popular, que fue un pilar fundamental en la
reconstrucción del Estado republicano.
El 28 de
septiembre de 1936 se decretó la militarización de las milicias, lo que se
acompaño del establecimiento en cada unidad de un comisario político, que
obligaba a las milicias a guardar una mayor disciplina.
Además el
gobierno de Negrín fusionó los anteriores ministerios de Guerra y de Marina y
Aire en el ministerio de Defensa Nacional, a fin de centralizar y jerarquizar
más toda la organización militar, e intentó una mayor profesionalización y una
menor politización del ejército.
9. LA ESPAÑA SUBLEVADA
En la España que los sublevados
denominaron «nacional», no existió inmediatamente después del golpe un poder
supremo y único. Cada general ejerció su autoridad con plena autonomía en el
espacio en el que operaba. Se produjo, pues, una pluralidad de centros de poder
militar, que no afectó al funcionamiento interno de las distintas unidades
militares. Unos 14.000 oficiales del ejército de Tierra y de las fuerzas de
seguridad), que tenían a sus órdenes alrededor de 150.000 soldados, fueron el
componente militar básico de los rebeldes.
Tras la
muerte de Sanjurjo el 20 de julio en un accidente aéreo, se constituyó en
Burgos la Junta
de Defensa Nacional, presidida por Cabanellas. Se proponía la difícil tarea de
coordinar y unificar la acción de los insurrectos.
La zona
«nacional» contaba con una extensión aproximada de 230.000 km2 y en ella se
asentaban algo más de 10 millones de habitantes. Apenas disponía del 20 % de la
producción industrial del país, pero contaba con el 70 % de la agrícola.
La
evolución general de la España
«nacional» transcurrió por derroteros sustancialmente diferentes a los que
siguió la zona republicana. En ella se constituyó un férreo poder dictatorial,
que impuso una lógica orientada preferentemente a ganar la guerra e impulsar la
contrarrevolución.
Varios
factores hicieron posible que el bando franquista lograra su unidad sin grandes
dificultades: el sentimiento católico y antirrevolucionario que aglutinó a los
distintos partidos y opiniones, y el papel hegemónico que desempeñó el ejército
también en el terreno político.
A nivel
internacional, Alemania e Italia reconocieron a Franco en 1936. Francia e
Inglaterra lo hicieron a comienzos de 1939, después de que en 1938 hubieran
capitulado ante Hitler en Munich.
Los
insurrectos carecían de un proyecto de régimen político alternativo a la República , aunque
consideraban inevitable algún tipo de dictadura. Las bases para su definición y
larga perdurabilidad no tardaron en establecerse.
A
principios del otoño de 1936, la
Junta de Defensa Nacional nombró a Franco jefe de todos los
ejércitos con el título de Generalísimo y jefe del gobierno del Estado
-transformado en seguida en jefe del Estado-, al tiempo que le otorgó plenos
poderes.
De
inmediato, Franco formó una Junta Técnica hasta que, por la Ley de Administración General
del Estado de 30 de enero de 1938, creó el gobierno de la nación. El jefe del
Estado asumía el poder legislativo, ya que en él recaía «la suprema potestad de
dictar normas jurídicas de carácter general», y era también el presidente del
Consejo de Ministros.
Con
anterioridad, se había llevado a cabo un proceso de concentración de las
fuerzas políticas que habían apoyado el golpe militar. Un decreto de 19 de
abril de 1937, en cuya gestación tuvo gran protagonismo Serrano Súñer, unificó
a falangistas y carlistas en un único partido o Movimiento -FET de las JONS-,
del que Franco pasó a ser su jefe nacional y supremo caudillo.
El ejército
fue el pilar fundamental sobre el que se edificó el nuevo Estado dictatorial de
Franco.
La
declaración del estado de guerra por parte de la Junta de Defensa Nacional
supuso la atribución al ejército de una serie de funciones de las que no pudo
gozar el del bando enemigo. En la zona republicana, la declaración del estado
de guerra se produjo en la fase final.
En los
momentos iniciales del conflicto bélico, el ejército «nacional» presentaba dimensiones
relativamente pequeñas, pero su estructura interna no había sufrido
alteraciones y su disciplina no había quedado resquebrajada. Particular
importancia tuvo el que las tropas coloniales, compuestas por legionarios y
regulares marroquíes, salieran intactas del golpe militar.
La
ampliación posterior del ejército se hizo sobre la base de la organización que
ya existía. No se emprendieron reformas de gran calado, pero para hacer frente
al déficit de mandos intermedios se hailitaron los alféreces provisionales, que
resultaron muy disciplinados.
Las
milicias civiles que formaron los requetés carlistas y los grupos armados de
Falange se vieron obli¬gados a integrarse en el ejército y a las órdenes de los
mandos militares.
Los
militares rebeldes y los partidos políticos que apoyaron el golpe de Estado
(falangistas, monárquicos, carlistas...) practicaron desde el principio de la
guerra una implacable y sistemática represión. Ésta se dirigió fundamentalmente
contra las organizaciones vinculadas al Frente Popular, que se asentaban, sobre
todo, entre los trabajadores y las clases medias liberales.
No
obstante, los primeros que se vieron afectados por las medidas represivas
fueron los miembros del ejército y de las fuerzas de seguridad que se negaron a
sumarse a la insurrección.
Abundaron
las ejecuciones masivas a medida que avanzaban las tropas (por ejemplo, en
Badajoz hubo más de 2.000 fusilados), y en la retaguardia proliferaron los
«paseos», las «sacas», los fusilamientos en las cunetas de las carreteras, ante
las tapias de los cementerios... Se actuaba sin contemplaciones para aniquilar
cualquier forma de resistencia que pudiera entorpecer la construcción del Nuevo
Estado. El terror sirvió como método para cimentar la dictadura.
A partir de
octubre de 1936, la represión fue algo menos indiscriminada y no tan amplia.
Con todo, continuaron produciéndose numerosas ejecuciones a medida que los
sublevados conquistaban nuevos territorios. Los juicios sumarísimos no
ofrecieron nunca ningún tipo de garantías procesales. Las víctimas de la
represión probablemente sobrepasaron las 85.000. A lo largo de la guerra, las
cifras de encarcelados y depurados llegaron a ser muy altas.
El poder
que se instauró en la zona «nacional» impulsó una honda contrarrevolución
social, que fue el contrapunto al proceso revolucionario llevado a cabo en la
zona republicana.
Esta
contrarrevolución se basaba en los principios de la propiedad, la religión y el
orden. Los ideólogos del régimen naciente estimaron que eran valores enraizados
en la historia de España y que habían sido cuestionados erróneamente por el
liberalismo, la democracia y el socialismo. Las nuevas autoridades emprendieron
pronto una serie de cambios:
• Tomaron
medidas para que los antiguos propietarios recuperaran las tierras y las
fábricas que les habían sido incautadas o expropiadas.
•
Suprimieron los partidos y los sindicatos.
•
Controlaron la educación y la cultura. Prohibieron la libertad de expresión y
depuraron los cuerpos de enseñantes y funcionarios.
• Anularon
la legislación laica de la
República y re sacralizaron la vida social.
La
oligarquía terrateniente y la burguesía financiera mostraron gran entusiasmo.
Con el triunfo franquista en la guerra, estos grupos vieron cerrada en su
beneficio la crisis social y política que se había abierto al final de la Restauración.
Igualmente,
se sintieron identificados con la nueva situación numerosos pequeños y medianos
campesinos de arraigadas convicciones católicas, así como sectores diversos de
las clases medias urbanas.
Imágenes El Español
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