Tres malos pasos

La historia de la gestión de un administrador público no debería ser una losa que impidiera su servicio a los ciudadanos, pero sí debiera de ser un buen indicador de áreas administrativas (pese a su formación y sus cualidades humanas) que debieran estar vedadas a ciertos políticos, cuya mala suerte, negligencia o incapacidad  no hacen recomendable que persistan en sus vanos  intentos por hacer las cosas bien.Un caso de esta situación se ha vivido en Santander en los últimos años.

Marzo de 2011, un grupo de amigas de los municipios de El Astillero (Cantabria) y Chiclana (Cádiz), decidieron reunirse en la capital Cántabra. Tras una jornada de paseos y comida, las cinco decidieron acudir a la popular playa del Camello para hacerse una foto de recuerdo. Al apoyarse en una de las barandillas que separan el paseo marítimo de la playa, aquella cedió debido al óxido que la corroía y el mal estado de su instalación, cayendo las cinco mujeres de espaldas a la arena, tras lo que la valla se precipito sobre ellas, produciéndolas  roturas de vértebras y costillas, fracturas de coxis y tórax, hematomas y problemas psicológicos durante los cinco años que ha durado el proceso judicial para determinar las responsabilidades del hecho.

Tras los juicios el  Ayuntamiento de Santander ha sido condenado a indemnizar a las víctimas 246.412,07 que caerán (como otra valla) sobre las arcas municipales. Tras el varapalo judicial el Ayuntamiento ha afrontado sus responsabilidades, aunque no ha “mostrado el más mínimo interés en saber cómo estábamos, ni en el hospital ni después”, tal como relata Ana García Badia, una de las más afectadas y en la actualidad  concejala de Medio Ambiente de El Astillero, y una de las más afectadas, que ha sufrido varias operaciones y que vive ahora gracias a los antidepresivos y la morfina para los dolores que sigue tomando.La oposición, encabezada por el socialista Pedro Casado, compañero de partido de las víctimas ha pedido responsabilidades políticas al Ayuntamiento y un plan de revisión y mejora de todas las infraestructuras de la ciudad. Y ello ante el silencio del partido gobernante, el PP.

Este verano Ana volvió al lugar de su desdicha, contemplando con sorpresa que las vallas (cinco años después) continuaban generando un riesgo, “Los tornillos no tenían cabeza, las juntas estaban selladas con silicona y la estructura se movía”, relató a un medio regional. Y pese a que la sentencia era clarísima, indicando que la titularidad y mantenimiento de este espacio no correspondía a la demarcación de costas, si no al Ayuntamiento desde 2006. Para hacer más culpa al ayuntamiento la Audiencia recuerda que fue este quien en 2008 encargó a la empresa pública Tragsa la reparación de las barandillas dañadas en esta playa y que, por tanto, es el Consistorio santanderino el responsable patrimonial de la zona y no la Administración General del Estado.

Hasta aquí se puede entender que hubo un fallo concreto y aislado. Pero no.

Noviembre de 2014, dos vecinas de Santander, de 72 años acuden al Cementerio Municipal de Ciriego para honrar a sus muertos cuando una barandilla de la plataforma de los nichos 50, 51 y 52, situados en el edificio 1 de la zona suroeste del cementerio cede por la herrumbre que la ha dejado medio suelta y las dos caen al vacío desde casi dos metros.

Ambas mujeres son operadas inmediatamente en el hospital  Valdecilla de las graves heridas sufridas y permanecen varios días ingresados en la UCI donde son visitadas por la consejera delegada de la Sociedad Cementerio de Ciriego, Ana González Pescador.

Una de ellas permanecería meses en Valdecilla por una hemorragia interna y traumatismo craneoencefálico. Su amiga no corrió mejor suerte al tener una vértebra rota y una lesión en el globo ocular, además de varias costillas fracturadas.

La falta de acuerdo con el ayuntamiento derivo en un tortuoso camino judicial, aun abierto, en el que las familias de las afectadas exigen una millonaria indemnización al municipio por el mal mantenimiento de las barandillas.

Un año después el hecho se repetía. Una familia de Torrelavega acudía al camposanto y en un edificio de nichos próximo a donde había ocurrido el accidente anterior una barandilla en mal estado provocaba la caída al vacío de un hombre y su hijo. El primero sufriría la rotura de varios tendones del hombro y la pérdida de movilidad en su brazo derecho. Hoy sigue inmerso en un proceso judicial (otro más) para defender sus derechos ante la administración que, se supone, juró protegerle.

¿Qué tienen en común todos estos casos?. En todos ellos el alcalde y máximo responsable de la administración municipal era Iñigo de la Serna. Meses después del último accidente de la Serna era nombrado ministro, pero no de una cartera cualquiera, sino de la de infraestructuras.Saquen ustedes sus conclusiones.