El valor del agua

El lluvioso mes de Marzo ha aliviado, en parte, una difícil situación hídrica en España que, parece, ha salvado el match ball en el último mes, salvo en las cuencas del Júcar y el Segura.

Es cierto que la conclusión de este tipo de situaciones es sencilla, España sufre un proceso de desertificación a largo plazo que implica un problema a de abastecimiento en calidad y cantidad. Pero no queremos hoy hablaros de España, esto es solo un ejemplo de una situación mundial, cada vez más preocupante.

Un problema que parece tener tres patas para comprenderlo: tecnológica, planificación económica y educativa.

En lo último, los avances son lentos, pero continuos. En muchos colegios españoles se hacen actividades para que los niños pequeños tenga una advertencia de que el agua dulce se esta agotando o que fábricas y el abastecimiento humano están contaminando el agua. De igual manera los colegios intentan que sus alumnos tengan constancia de los diferentes remedios que se han llevado a cabo y que algunos están en proceso.

Pero no debemos engañarnos, junto a la educación y el uso de tecnologías que permitan administrar el agua sin derroches, hay mucha decisión política ineficiente o inexplicable.

En las áreas menos desarrolladas del planeta, como explicaba hace tiempo Antonio Embid, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, el problema estriba en que la población crece mucho más deprisa que los recursos económicos dedicados a resolver el problema de acceso y calidad. Para agravar la situación, muchas de las infraestructuras creadas por las ONG, agencias internacionales y gobiernos, en programas de cooperación, quedarán inservibles en breve. La crisis del “primer mundo” están reduciendo las ayudas y sin ellas, el mantenimiento de muchas costosas obras será imposible, como explica Almudena Arias, de Médicus Mundi.

Hace unas semanas, expertos de la Fundación Botín nos explicaban que la tecnología actual pueden aportar soluciones que garanticen el acceso al agua y al saneamiento de un número creciente de personas, pero para ello hace falta decisión política, aporte de recursos financieros y entornos políticos estables, algo inimaginable, por ejemplo en tres cuartas partes de África y la mitad de América o Asia.

Y es cierto que estos temas están en la mente de los gobiernos y forman parte de los Objetivos del Milenio de la ONU incluyen la sostenibilidad del medio ambiente. Pero Occidente camina despacio, todo está en estudio y en debate, y lejos de una acción decidida.

En nuestro primer mundo el problema tiene otro enfoque. Posiblemente, parte de nuestras dificultades hídricas se encuentran en que alentamos un uso ineficiente del agua. Lo alentamos porque el uso del agua, en países como el nuestro, está subvencionado, y nadie toma conciencia de su valor, su importancia y su precio, y ningún político se atreve a elevar las facturas, ante el precio electoral que eso tendría.

Por eso, ver niños derrochando agua en nuestras plazas, tirando globitos llenos de ese elemento, dejar grifos desesperantemente abiertos o realizar tareas domésticas o industriales, claramente derrochadoras, en lugar de buscar alternativas con ahorro, es lo normal, pues esa actitud, no tiene precio.

A ello se une una gestión totalmente opaca, en la que, bien se haga la gestión con empresas públicas o privadas, nadie sabe ni explica cuál es el coste real. Pese a ello, es seguro que el precio pagado es inferior al real, y que, aún así, la pobreza está llegando incluso al uso del agua.

Un dato, según la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), los cortes de agua por impago ascienden ya a 300.000 al año.

Si eso es así, un problema a resolver, es quién pagará las inversiones necesarias para mejorar la gestión y el uso de este bien, si ya hay gente que no puede pagarle.

Todos coinciden en que toda la población debe tener acceso garantizado a un mínimo vital diario (al menos 40 litros, según Naciones Unidas), pero ¿quién debe pagarlos?, ¿toda la sociedad, el usuario?, ¿un mínimo libre y el resto cada familia?.

Como en todo, antes de decidir, es necesario conocer y tener clara la situación, pero, en países como España no existe un regulador general de los servicios de abastecimiento y saneamiento, ni una ley que de transparencia a este servicio público, con lo que tampoco conocemos la eficiencia de la administración. Hoy, algunas ciudades españolas se oponen a la gestión privada del agua.

Pero ¿Por qué la gestión pública (no el dominio) es mejor?. La verdad es que no tenemos datos para opinar, más allá de saber que la gestión, hasta ahora pública, es en la mayoría de los casos ruinosa. La infraestructuras son viejas, la concienciación casi nula y la mentalidad la de que es preferible tirar el agua a gastar en mejorar su uso. Aunque, eso si, la opinión de la población sobre la gestión privada tampoco es para tirar cohetes.

Ahora que no tenemos dinero, muchos ayuntamientos se quejan de que no tienen recursos para nuevas tuberías porque recaudan menos de lo que gastan. Es cierto que España es un país donde la gestión privada está por encima de la media europea (30%) y mundial (10%), con un 50%, sobre todo gestionado por dos empresas, FCC y Aguas de Barcelona, pero hay que analizar más. Lo único que sabemos, según denuncia la organización Embid, es que las empresas privadas son más opacas en su información que las públicas, y eso que estas últimas no dan ninguna.

El gobierno, ante estas evidencias, inició ya hace años la aprobación de los llamados planes de cuenca (en el Ebro, por ejemplo) donde se recogen de manera precisa millones de euros en inversiones (en depuración, en reutilización…).

Pero el problema no solo es dinero, sino la forma de gestionar todo este entramado. Nuria Hernández, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, denuncia que en España, ante cualquier problema (inundaciones, sequías, regadíos ineficientes) se da la misma respuesta, hormigón y gruas, “Cuando una y otra vez vemos que no es la solución”. Un ejemplo son los llamados filtros verdes para la depuración de aguas residuales. “Más baratos, flexibles y sencillos”, dice Hernández, “pero resulta que las diputaciones y las confederaciones no saben gestionar estos contratos porque no son hormigón.

Un último problema reside en decidir para que queremos el agua. Frente a la creencia general, el mayor uso en España no esta en los hogares y las industrias, si no en el turismo y los regadíos, con el agravante de que estos últimos están subvencionados y pagan un ínfima parte de lo que gastan. Y los primeros realizan en ocasiones ofertas basadas en un uso del agua que no nos podemos permitir (campos de golf, tratamientos de hidroterapia, etc), que es dudoso sean sostenibles.

Imagen Lucas Criado