Aquella, que fue mi casa

Como sabéis, una mujer se ha arrojado al vació esta semana, en Baracaldo, en el instante anterior a que le quitaran su casa. Pero por duro que perezca decirlo, resulta incomprensible que ese hecho haya desencadenado la reacción judicial y política contra los desahucios que se está produciendo. Es cierto que los humanos resultamos extremadamente sensibles ante estímulos emotivos, y poco ante los racionales. Pero esto es demasiado.
En el último año se han producido 5 muertes atribuidas, por los juzgados, a procesos de desahucios, suicidios, para entendernos. Este es el quinto. Desde el comienzo de la crisis han sido desalojadas de sus casas 379.856 familias, al menos hasta el 30 de septiembre. De esas casas donde los bancos y cajas han desalojado a sus familias, el 87%, según fomento, permanecen vacías, son bienes económica y socialmente estériles. Un 72% de esas viviendas desalojadas, según contaba televisión español hace una semana, han pasado a manos de unas entidades financieras que las han abandonado (las entidades no afrontan sus gastos de comunidad, ni realizan mantenimiento ni velan por su seguridad) provocando serios problemas a las familias vecinas. Y así una larga y abrumadora lista de datos, con cientos de denuncias, procesos judiciales, reportajes periodísticos, iniciativas de algunos partidos, petición de piedad por la iglesia y hasta la advertencia de la Unión Europea sobre que la situación española es inasumible y dudosa, jurídicamente hablando.

Una situación esta de los desahucios que es una muestra más del casi inmobiliario que ha vivido el país en los últimos años. Una muestra del caos político que padecemos, no solo por la corrupción que ha provocado, en parte, esta situación, sino porque esta nos demuestra la falta de profesionalidad, sensibilidad e interés social de la clase política (en términos generales), financiera y sindical que esto demuestra. Quienes nos gobiernan lo hacen en nuestro beneficio, o eso suponemos. Y para más INRI, son quienes, en términos generales, han dirigido las politizadas cajas españolas, muchos de los bancos del país, hasta donde llego el dedo de partidos e instituciones, y las instituciones de supervisión. Por no hacer, ni siquiera tuvieron a bien revisar una ley hipotecaria pensada para otros tiempos, donde el mercado estaba menos universalizado, la valoración de los activos sufría una constante revisión al alza y los ingresos de la población eran más constantes. Ahora, deprisa y corriendo se plantea una revisión de la ley que, sabiendo como se las gastan los gobernantes, traerá, en su precipitación nuevos problemas. Porque el problema hipotecario y el del mercado de alquiler, que está asociado, es muy complejo. Miles de familias han perdido su casa, adquirida de buena fe, pero con poco conocimiento. Otras han sufrido cláusulas y condiciones abusivas en la concesión de sus casas. Algunos hipotecados han tenido problemas con el idioma, no subsanados en el momento de la firma del contrato por notarios con pocos escrúpulos. Hay casos de desahucio en segunda vivienda. Casos de alzamiento de bienes…. No hablamos de una ley sencilla. Generalizar con el retrato de Amaya en una mano y el corazón en la otra no es una solución duradera. Pero queda bonito. El jueves muere una mujer y el presidente anuncia cambios para el lunes. Si tan fácil es , ¿Por qué no se solucionó antes?. Y antes no es decir que llevan semanas preparando un borrador, antes es hace meses, años. Porque, no se si habéis reparado en el hecho, pero aquí no solo hay un problema económico. Según parece , la situación de Amaya no la conocía ni su marido. La estigmatización social y la vergüenza personal ha llegado hasta el extremo de ocultar un signo de tu fracaso como persona, perder hasta tu casa.

Urge una paralización inmediata de los proceso de desahucio. Y ello ante la evidencia de que miles de familias se encuentran en una situación de indefensión. Lo cual  sumado a la falta de ingresos y trabajo de muchos ciudadanos, está alentando una explosión de violencia social que no podremos controlar. Y llegados a esta situación, la pelota esta en el alero del gobierno. Él es el que envía a la policía para apoyar a las comisiones de desahucio, en una imagen lamentable en la que decenas de antidisturbios apalean a familias y vecinos desarmados para lanzarles de su casa. Una desproporción de fuerza y un alarde de autoridad impropia en una democracia, máxime cuando los bancos que promueven esas ejecuciones hipotecarias son nuestros. O están nacionalizados o se mantienen con dinero de nuestros impuestos. Una situación inverosímil que demuestra la escala de valores de nuestros gobernantes y diputados, en un país donde se ha alentado la cultura de la compra de bienes raíces, las facilidades para comprarlos y la escasa supervisión de la manera en que actúa el prestamista.

Necesitamos, al tiempo, una reforma financiera que no solo regule la manera en que las entidades se sanean (esto es, que todos perdonamos, como ya hemos hecho con los equipos de fútbol, sus errores, delitos y faltas, regalándoles nuestro dinero, para cubrir el hueco del que nos han llevado primero) sino que regule las prácticas comerciales, la profesionalidad de sus gestores, la no intromisión de los políticos en ellas y el seguimiento escrupuloso de un código ético obligatorio, no voluntario como en la actual propuesta Guindos.

Pero una nueva ley hipotecaria, un cambio cultural, una medida urgente para proteger a los más débiles y hasta una reforma integral del sistema financiero no deben obviar otra evidencia. Aquí hay responsabilidades muy graves. Y si no se piden la situación se repetirá, porque habremos enviado el mensaje de que todo vale si eres más fuerte o tienes amigos poderosos. Un ejemplo es el lamentable desfile de altos cargos de cajas que estos días pisan los juzgados, argumentando que ellos no sabían, ellos no estaban preparados para gestionar, ellos eran unos mandados pero ellos cobraban.

Recordar que no hablamos del problema de Amaya, sino del drama de muchos, de la responsabilidad de todos.