Nietos

Dentro de siete semanas podré votar, por primera vez. Estoy preocupada por todas las noticias que se están conociendo sobre la aplicación de la mal llamada “ley de nietos”. Que un tribunal, discrecionalmente, pueda separar el derecho a voto de la ciudadanía es muy grave. Más aun, nos crea a todos una sensación profunda de indefensión ante la convicción de que nuestra ciudadanía es sagrada.

En este caso se añade un componente ético que no podemos olvidar. De lo que estamos hablando es de reparar una injusticia histórica, de pagar una deuda de la sociedad española con aquellos que, siendo españoles, debieron abandonar su patria por sus ideas, por sus creencias, por su orientación sexual o por el capricho de un dictador. No podemos devolver su identidad a quienes padecieron esta injusticia tras la guerra civil, pero si podemos reparar el daño con sus deudos. Y esa es la intención de la disposición de la adicional VIII de la Ley de Memoria Democrática de 2022. De 2022, no estamos hablando de un invento de la semana pasada para manipular las próximas elecciones. Y no hablamos de millones de nuevos votantes haciendo cola en los consulados españoles en Sudamérica. 163.020 personas hasta el 1 de agosto.

Y hasta ahí. Tras esa idea noble todo ha sido perversión y retorcimiento de la ley. Por que el Supremo no ha disociado la ciudadanía del voto, eso es mentira. Está cuestionando que se haya concedido la nacionalidad por las autoridades españolas a personas que cumplan los requisitos establecidos por la ley que han creado las mismas autoridades españolas. Así, además de su filiación, la ley pide explícitamente (se puede comprobar en el BOE o en la web del Ministerio de Exteriores) documentación que acredite haber salido de España por motivos políticos, ideológicos o de creencia entre 1936 y 1978 (como pasaportes con sello de entrada al país de acogida, certificaciones de oficinas de refugiados, afiliación a partidos políticos o sindicatos en el exilio, etc.), y todo eso, según el Tribunal Supremo no se ha justificado.

Y si admitimos que se conceda la ciudadanía a cualquier persona que viva y haya nacido en el extranjero solo por manifestar (quizá con buena intención) que es nieto de exiliado no solo estamos incumpliendo la ley, sino que estamos pervirtiendo las normas de convivencia, al permitir que decida sobre nuestro futuro, sin vivir aquí, sin crear aquí, sin convivir aquí, solo porque quiere tener un papel que le permita venir acá cuando se jubile o quiera estudiar en las universidades públicas. Estaremos creando un agravio comparativo con muchas personas, que merecen formar parte de nuestra sociedad y, no se porque, no lo permitimos. ¿Por qué tienen que esperar de 1 a 10 años para ser ciudadanos, y cumplir ciertos requisitos legales otros colectivos? Me refiero a los habitantes nacidos en Ifni, un territorio abandonado a Marruecos en 1969 y cuyos habitantes nunca quisieron ser marroquíes, pero que no hemos puesto fácil serlo. Me refiero a los saharauis, con los que tenemos una deuda histórica. Me refiero a los inmigrantes que trabajan y se esfuerzan cada día para construir este país, a los que de vez en cuando regularizamos, para que paguen impuestos y abandonen la economía sumergida, pero a quienes les seguimos negando ser españoles.

Creo que debemos exigir a nuestra sociedad ser justa y reparar un daño evidente. Pero también creo que es hora de exigir a nuestros políticos que dejen de jugar con sentimientos y manipular la ley en beneficio propio. Y me refiero al gobierno socialista que quiere meter la mano en el censo, y a los políticos populares, que desde tiempos de Fraga han manipulado y usado en beneficio propio el voto de nuestros compatriotas exiliados o emigrados en Latinoamérica.

Imagen El Español