Sin duda, España se enfrenta a dos importantes retos en su economía: la transición energética y la vivienda.
Tradicionalmente España ha utilizado
para su transporte, industria y servicios básicos energías no renovables.
Metaneros, oleoductos y gaseoductos traían a España gas y petróleo. Nuestras
minas proporcionaban carbón abundante y nuestras centrales nucleares
completaban la oferta de energía. Pero desde hace algunos años eso no es
posible. De un lado, el cambio climático, cada vez más intenso por los gases de
efecto invernadero que producen los combustibles fósiles al quemarse, ha
llevado a España a firmar numerosos tratados internacionales que limitan el uso
de estas energías (la llamada descarbonización). De otro lado, los
hidrocarburos son cada vez más caros, mas escasos y hay que traerlos de zonas
en conflicto, lo que no nos asegura el abastecimiento. Por todo ello, España,
como Europa ha iniciado, desde principios de siglo, la llamada transición
energética, un proceso por el que nuestro país está sustituyendo el uso de
estos combustibles por energías renovables que producen energía eléctrica
barata, limpia e ilimitada a través de los paneles solares, el movimiento de
aerogeneradores, el movimiento de las mareas en el litoral, el calor de la
tierra o los saltos de agua en los ríos.
Esto ha llevado a una gigantesca
inversión y a la sustitución de mucha tecnología (sustituir coches de
combustión por eléctricos, por ejemplo. Pero nuestro país es líder mundial en
el sector, produciendo algunos de los paneles fotovoltaicos y aerogeneradores
del mercado. Eso ha sido posible gracias al esfuerzo de las empresas privadas
españolas y a la intervención del estado con sus empresas públicas o creando
leyes.
La apuesta por la descarbonización ha
llevado, incluso, a la renuncia española por el fracking, muy extendido en
países como Estados Unidos. El fracking (o fractura hidráulica) es una técnica
para extraer gas y petróleo que se encuentran atrapados en pequeñas bolsas, en
capas profundas de roca. Para ello se perfora un pozo vertical de varios
kilómetros de profundidad y luego se desvía en horizontal a través de la roca
que contiene el hidrocarburo. Por el pozo se bombea una mezcla masiva de agua,
arena y cientos de químicos a alta presión. La fuerza rompe la roca, liberando
el gas o el petróleo para que suban a la superficie.
El problema es que este sistema de extracción de combustibles fósiles provoca un consumo masivo de agua (casi 30 millones de litros de agua dulce por pozo. Lo que se inyecta en la tierra contiene compuestos químicos tóxicos y cancerígenos que pueden filtrarse a las aguas subterráneas. Durante la extracción y el transporte se producen fugas de metano, un gas responsable del cambio climático. La inyección de fluidos a alta presión en el subsuelo puede provocar pequeños movimientos sísmicos.
Sin embargo, el uso de renovables
tampoco es sencillo. Sabemos como producirlo, pero no está totalmente
desarrollada la tecnología de almacenamiento (aunque ahora sabemos que podemos
emplear hidrógeno, que también produce energía al disociar agua).
Y ciertas tecnologías tienen sus
limitaciones (la solar o la eólica solo se pueden usar con viento y con sol).
Queda la energía nuclear de fisión, de
la que España tiene un grupo reducido de centrales. Es una energía limitada
porque necesita uranio o plutonio. Es cierto que en su funcionamiento normal es
limpia, estable y barata. Pero plantea dos problemas con los que España no
quiere arriesgarse. Un accidente, un fallo en una central provocaría la emisión
de radiación mortal, como han demostrado los accidentes de la Isla de las tres
millas (1979), Chernobil (1986) o Fukushima (2011). Y lo que es muy importante,
es muy complicado, arriesgado y caro gestionar los residuos de las centrales,
que deben permanecer en cementerios nucleares durante cientos de años.
El otro gran problema es la vivienda, un
problema muy antiguo que hoy se manifiesta en dos hechos: hay poca vivienda y
es muy cara para alquilar o comprar. Un fenómeno mundial, pero más grave en
España.
A principios de este siglo había mucha
vivienda y se compraba mucha vivienda (aunque ya era cara). Como te cuenta la
página 83, los españoles compraban mucho porque bancos y empresas inmobiliarias
ofrecían muchas facilidades en los pagos, los tipos de interés de los bancos
eran bajos (por lo que el coste era bajo), el estado rebajaba los impuestos al
dinero dedicado a la compra de viviendas (ayudas fiscales) y había una gran
demanda de extranjeros, que invertían en España y de compras para el sector
turístico.
En 2008, tras la quiebra de Lehman
Brothers (uno de los bancos americanos más grandes), los bancos españoles
quebraron (las cajas, sobre todo) o entraron en crisis y dejaron de ofrecer
crédito. El hecho coincidió con una crisis económica que hizo que muchas
familias no pudieran devolver sus créditos. Los bancos al no poder recuperar
sus préstamos entraron en crisis, dejaron de prestar dinero y muchas familias
fueron desahuciadas de sus casas. El mercado inmobiliario se paralizó. Para que
construir casas que no se podían vender. El estado, que debe construir vivienda
social, dejó también de construir, aunque la población crecía.
En los últimos años el problema se ha
agravado porque falta mano de obra en la construcción, la escasez ha elevado
los precios y las administraciones públicas (gobierno central y Comunidades
Autónomas) no han tomado medidas para facilitar la construcción y la
adquisición de vivienda por los españoles.
Imagen Lacerca.com

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