martes, 27 de febrero de 2018

Historias de bancos



Me hubiera gustado opinar sobre la venta del Popular al Santander, presentado como el principio del capítulo final del rescate bancario. Pero resulta difícil opinar de algo sobre lo que no hay información. Me temo que esa falta de transparencia no coincide con la de los inversores y gobernantes, sujetos a un subidón importante tras conocer la noticia.

Es cuestión de puntos de vista. El banco comprador paga un euro por un banco, sus clientes, sus inversiones, sus locales, y sus deudas, claro, aunque muchas liquidadas o asumidas por el estado. Para el gobierno es quitarse un problema, aunque sea a precio de saldo. Para bastantes familias es perder otros once mil millones de euros. Otros más, tras los perdidos en las cajas gallegas, Bankia (en la que ya se vendió una parte del capital a la baja) o la CAM, por no extenderme en ejemplos.
Aun recuerdo la rueda de presan de Rajoy en el verano de 2012. En esa rueda de prensa (una de las pocas con Rajoy a este lado del cristal) se anunció la línea de financiación (que no rescate) que la UE nos entregaba para salvar a las cajas, heridas de muerte por la mala gestión de los partidos. Pero no nos costaría nada, antes bien, explicó Guindos unos días después, el estado ganaría, no solo en estabilidad financiera, si no dinero. Hoy nos ha costado más de once mil millones, el equivalente a los recortes sanitarios y educativos. Y no iba a costar nada el desastre del socialista Narcis Serra en esa caja, dijo el popular Luís de Guindos, en aquel lejano 2012.

En todo esto hay dos vertientes que conviene analizar. El rescate no ha resuelto el problema del endeudamiento y el ahorro privado que se pretendía proteger con el rescate. La realidad es que para España es más grave el endeudamiento privado que el público, y este gira en torno a los bancos. Por tres razones. Las familias le deben mucho a los bancos, lo que pone en peligro su existencia, pero de esta depende el ahorro de muchas familias, sus pensiones y supervivencia, incluso. Tanto como las empresas que están ahogadas sin crédito, máxime cuando el círculo económico de yo te vendo, tu me pagas, sigue estando en entredicho.
Esta situación sería solucionable con bancos sanos, bien organizados, y preparados para asumir el riesgo de que parte de sus clientes sean morosos. Pero no es así, ante la perversa irresponsabilidad de muchos bancos y cajas, inmersos en prácticas que todos conocemos. El reciente informe del FMI sobre la evaluación del sistema financiero español reconoce en su página 22 que solo el 47% de las entidades españolas son capaces de cumplir con sus compromisos y responder de sus fondos. Un jugosísimo artículo de Steve Rendall en el Post la semana pasada que muchos bancos prestaron dinero a promotores por valores superiores al 50% del valor de sus proyectos, y que un 36% de los créditos hipotecarios concedidos en España desde 2006, solo podrían haber sido devueltos si sus titulares trabajasen, en las condiciones laborales existentes en el momento de firmar el contrato, durante 121 años. Casi nada.

Es importante recordar estos datos por dos razones. Ahora asumimos la pérdida de dinero en estas entidades para sacar de la crisis a una serie de empresas (eso son los bancos) que poco han cambiado en su estructura de funcionamiento en los últimos años, tan solo nos hemos limitados a fusionar empresas en quiebra para que la quiebra sea más gorda, a cambiar sus nombre, a engordar sus consejos de administración o a pagar sus deudas dándolas más dinero, pero sin remodelar su modelo de negocio (más allá de que no hay nuevas promociones que sepamos), cambiar sus prácticas contables (fijémonos en el caso Gowex o el caos en el Tribunal de Cuentas) y hacia sus clientes y sus sistemas de trabajo. De hecho, las tan cacareadas dos reformas financieras del actual gobierno ha sido solo una, la otra está en proceso de aportación de información. Y cuando es preciso hacer tantas reformas sobre algo, es que no se acierta.

Una segunda razón afecta a la información, indispensable para arreglar algo. Seguimos sin saber cuanto se debe, que se va a hacer con el parque inmobiliario (aparcado en la SAREB), que pasará con los accionistas, quien manda en el sistema financiero (si el ministerio de economía De Guindos, el de hacienda de Montoro, la oficina presupuestaria de Nadal,  el Banco de España, el FMI o los Morancos. Y eso es importante para establecer una línea de trabajo coherente y sostenible en el tiempo) y quienes son los responsables de este drama (no sea que sigan tomando decisiones los mismos que han generado el problema, de ahí la importancia de una investigación a fondo, parlamentaria y judicial).

Pero el problema no solo es económico, es también político. La forma en que Rajoy esconde la realidad (al más puro estilo Zp), siembra la duda sobre la capacidad de mantener un “Reino de España” independiente por mucho tiempo, y sobre la capacidad técnica, moral y psíquica de nuestros gobernantes. Tras los consabidos “España no será rescatada”, y el más refrescante “esto no costará nada”, ahora nos enfrentamos al salvífico “salimos de la crisis”. ¿Qué era cierto y que es cierto ahora?.
O el gobierno no sabe donde está pinado o es un mentiroso compulsivo o nos desprecia, al considerarnos seres infantiles, incapaces de comprender nuestro agrio destino. No es una cuestión de descoordinación informativa (espantosa la manera en que los ministros entre si, y estos con el presidente se contradicen y desautorizan), sino de pura y simple mentira.

Cuando alguien presta dinero (Europa a España en este caso), no solo cobra un interés, sino que impone condiciones que garanticen la devolución del crédito. Para garantizar que el estado español (receptor del crédito a través del FROB, no los bancos) devuelva el dinero, la UE ha impuesto, y el ministro de finanzas alemán y el comisario europeo del ramo lo dejaron claro en su día, serias condiciones a España. Un país que deberá ahorrar para garantizar que, en caso de que los bancos no devuelvan el dinero, se pueda restituir el préstamo y sus intereses. Esto es, la UE vigilará el cumplimiento del déficit, objetivo que se mantendrá (en un escenario de recesión) a base recortar gastos y subir impuestos. Un déficit que se incrementará al computarse contra España los intereses de la deuda.
¿Cuantas condiciones faltan por cumplir?.

La situación toma un cariz aun más peligroso porque seguimos sin saber cuanto deben los bancos (que ya es triste no saberlo todavía) y como va a afectar a las plantillas de trabajadores las ventas y liquidaciones de las cajas, como la de hoy.
Todo indica que el dinero no salió del fondo de rescate temporal de la euro zona, sino del nuevo Mecanismo de Estabilidad Europeo (Mede), que sustituyó al primero en 2012, poco después del rescate. El problema reside en que el dinero estregado por este mecanismo se considera “senior”, esto es preferente. Así que si España entrase en dificultades de pago, lo primero que deberá pagar, lo preferente es la deuda que las cajas nos hicieron contraer. Si el estado está perdiendo dinero con las ventas, el rescate es preferente en su devolución y el gobierno dice que baja los impuestos (lógico en año preelectoral, ¿Se han acabado los recortes?.

Me comprendéis, ¿verdad?.


Imagen Expansión

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