Bajo el
control de dos pesos pesados de la Audiencia Nacional ,
los jueces Santiago Pedraz y Fernando Grande Marlasca, la policía nacional y la
fiscalia anti corrupción iniciaron hace once años una vasta operación tendente
a intervenir y controlar las actividades de las empresas Afinsa y Forum
Filatélico, especializadas en la inversión en bienes tangibles, en lo que
parece ser una de las mayores estafas colectivas de la historia de la
democracia española.
Más de 300.000 afectados y decenas de millones de euros en
ahorros perdidos es el balance provisional de una operación que parece, según
dejó entrever el gobierno de entonces, puede tener relación con una
investigación en Marbella de lavado de dinero de los beneficios fraudulentos
del urbanismo marbelli y que pudiera deparar importantes sorpresas y
consecuencias tanto políticas como empresariales en el juicio que ahora
comienza.
Hasta el
momento de su intervención, AFINSA contaba con 1500 empleados y unos beneficios
declarados de 51 millones de euros. Por su parte Forum Filatélico, con 25 años
de trayectoria, y una imagen publica inmaculada, gracias a su implicación en
obras culturales, benéficas y deportivas, empleaba a 300 personas, generando
unos beneficios anuales de 81 millones de euros.
Entre
ejecutivos y proveedores de sellos, la audiencia encarceló a 9 personas,
incautando abundante documentación, cerrando algunas sedes de estas empresas y
encontrando señaladas cantidades de dinero liquido. Solamente en un piso de la Moraleja la policía
encontró 10 millones de euros.
Según
explicaba el abogado de una de las plataformas de afectados, Julián Rio, el
fraude responde a una estafa piramidal, en la que las aportaciones de los
ahorradores se conseguían bajo la promesa de altas rentabilidades que se
abonaban puntualmente gracias a las aportaciones de nuevos abonados que cubrían
las devoluciones con beneficio de los anteriores.
Sin
embargo, ambas empresas garantizaban la inversión y los beneficios gracias a
colocar sus ahorros en bienes tangibles, principalmente sellos, y en menor
medida inmuebles y bienes artísticos, pero no esta demostrado que estos bienes
existieran. De hecho, los ahorradores, y los inspectores de tributos, solo han
encontrado documentos que supuestamente demuestran las compras de esos bienes,
pero no su existencia física. Algunos miembros de las directivas de ambas
empresas han reconocido que los sellos existían, pero que para equilibrar el
patrimonio de las empresas estaban sobrevalorados en un 850%.
Por el
contrario, directivos de ambas empresas, entre ellos, el detenido Francisco
Briones, presidente del Forum, han desmentido todas las acusaciones, aunque
algunos responsables de ambas ellas han criticado la intervención, indicando
que con tiempo podrían devolver el dinero a los clientes, lo que confirma las
sospechas de que estamos ante una gran estafa.
Luís
Median, directivo de Afinsa, ha querido tranquilizar a los usuarios,
desmintiendo las acusaciones de insolvencia de la Audiencia , puesto que su
empresa consolidaba el 98% de sus beneficios, lo que, según él, garantiza la
devolución de los depósitos.
La
intervención judicial se inició a raíz de una denuncia de la Agencia Tributaria ,
que investigaba un año antes de la intervención a ambas empresas por falsedad
documental, apropiación indebida, blanqueo de dinero y estafa. Y es
precisamente aquí donde surgen la mayoría de las incógnitas de este caso.
La agencia
tributaria mantenía sospechas sobre ambas entidades desde el año 2001,
sosteniendo que la mayoría de las irregularidades y delitos se cometieron en el
trienio 1998-2001. Fue entonces cuando la AET sospechó, como se ha comprobado, que AFINSA y
Forum Filatélico colocaban en el mercado solo parte de sus inversiones, con lo
que el riesgo de insolvencia era creciente.
Ya en 2004,
la Organización
de Consumidores y Usuarios detecto irregularidades en esta y en otras empresas
de inversión en bienes tangibles.
Tal como señaló
la portavoz de la OCU ,
Ileana Izverniceanu, las auditoras de AFINSA y Forum conminaron a ambas a
proveer mediante créditos, un fondo de 50 millones de euros para posibilitar la
devolución de fondos solicitados por los impositores. Ante las sospechas, la OCU traslado sus
averiguaciones a la CNMV ,
al Banco de España y al Ministerio de Hacienda, incluso a la UE.
La
contestación, en todos los casos sin prisa, fue tan peregrina como afirmar que
no estábamos ante sociedades financieras, sino intermediarias en la inversión
de tangibles, por lo que no había posibilidad legal de intervenir a la luz de
la legislación del momento. Nadie ha desvelado aun, cual ha sido la causa de
permitir que estas empresas continuaran con su estafa, atrapando a más clientes
y esperar hasta mayo de 2006, 8 años después de conocerse las primeras
sospechas.
De hecho
AFINSA, incrementó en los últimos meses antes de la intervención la presión
sobre sus asesores y comerciales, a fin de incrementar su cartera de clientes y
dotarse de más fondos en una auténtica huida hacia delante.
El
descalabro cogió en medio del drama a sus empleados, desconocedores, parece ser,
de la situación real. Y esta es una de las peculiaridades de este fenómeno
financiero. Forum y AFINSA, funcionaban gracias a una ingeniosa red de
colaboradores y asesores aficionados. Gente en su mayoría con otras ocupaciones
y negocios que captaban clientes a cambio de una comisión. Eso facilitaba una
red comercial flexible, que amparada en su conocimiento y garantía personal,
arrastraba al negocio a cientos de personas enredadas gracias a contactos de
tipo familiar, vecinal o profesional. Personas en su mayoría de clase media o
media baja, con nulo conocimiento del mercado filatélico, incorporadas por el
cebo de sustanciosos beneficios y la garantía de un vendedor que era conocido
para ellos, y que en su mayoría han perdido ahorros vitales para su vida
presente o su jubilación. Peñas quinielísticas, asociaciones de vecinos,
pensionistas, estudiantes.
Según la OCU , nos encontramos ante un
escándalo gigantesco, pero no único. Cuando en 2004, la organización de
consumidores estudio el caso y lo puso en conocimiento de las autoridades
supervisoras en materia financiera: el Banco de España, la Comisión Nacional
del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros, la OCU percibió claramente la
falta de control existente sobre este tipo de empresas, que ni siquiera cuentan
con un fondo de garantía que proteja a sus inversores en caso de quiebra; la
única garantía serían los bienes en los que se ha invertido.
En este
caso, la sobrevaloracion de los sellos hace que entre ellos, los líquidos y los
inmuebles, el nivel de solvencia a penas llegue al 40% del valor de los depósitos.
Lo más
grave viene al descubrir, que empresas como las indicadas son más abundantes de
lo que pensamos. Según la OCU ,
son muchas las empresas que en España ofrecen una rentabilidad muy alta a
través de la inversión en bienes tangibles como sellos, obras de arte, joyas o
cualquier otro que tenga posibilidad de revalorizarse, sin que exista apenas
control. Por ejemplo, estas empresas, además, al no estar obligadas a
inscribirse en los registros oficiales de las autoridades supervisoras, no
pueden ser ni controladas, ni sancionadas por ellos. Al no haber supervisión no
existen garantías de que las empresas sean solventes, aunque estén inscritas en
el Registro Mercantil y actúen legalmente.
No es el
único caso, otras empresas han despertado el temor de la OCU , escandalizada por los
riesgos que sufren muchos pequeños ahorradores, con total impunidad.
Así, otra
empresa si control resulta ser Arte y Naturaleza, especializada en la inversión
en obras de arte, que ofrece rentabilidades del 8%. A cambio de la inversión la
empresa ofrece serigrafías y obras de artistas que, en el caso estudiado por la OCU , no ofrecen liquidez,
pocos marchantes estarían dispuestos a comprarlas, y los que lo harían, solo
estaban dispuestos a abonar el 10% de su valor estipulado en contrato. El
director de la empresa Mario Marina ha desmentido estas acusaciones.
Un problema
similar plantea Bosques Naturales, que ofrece inversiones en explotaciones forestales.
En la prueba realizada por OCU, la empresa ofreció invertir en cerezos y
nogales durante 20 años, con una rentabilidad del 12,9% anual o recompra a una
rentabilidad menor. El precio de venta de un árbol es de 400 euros. El
Consorcio Forestal de Cataluña y de otros viveros consultados por la OCU , valoraron cada árbol en
220 euros para una plantación de 25 años.
Parte del
problema arranca de la dejadez de la administración, que en estos años no ha
controlado a las empresas ni a sus auditoras, que cada seis meses han avalado
la gestión. Y parte procede de una desvertebración legal que divide España en
una maraña de legislaciones o de ausencia de ellas, que permite, como paso en
el caso de la cooperativa de Monte en Santander, lagunas legales o distorsiones
legales en cada zona de España.
El gobierno
ha prometido en estos años iniciativas legales y ayudas de dudosa credibilidad.
Lo primero por la falta de actuación previa y de tacto en la actualidad. Lo
segundo, porque las promesas de ayuda de la vicepresidenta de entonces, Mª
Teresa Fernández de la Vega ,
entraron pronto en contradicción con las del portavoz del gobierno, el
insufrible Fernando Moraleda, que indicó, ante el silencio el Ministerio de
Hacienda, que al no ser intermediarias financieras puras, el Fondo de Garantía
del Estado y el Fondo de Garantía de Inversiones, no van a Intervenir.
Ahora es la
hora de los jueces, ya veremos para que.
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