Y lo digo porque todo apunta a que el 2012 es un año perdido. Yo de hecho propondría aplicar la misma medida que el estado de Samoa, donde, a fin de homologar su calendario con el de Australia y Nueva Zelanda, se han cargado el día 30 de diciembre. Pues aquí, que somos más chulos que un ocho. Lo anunciado hoy por, nada menos que, 4 ministros a coro, es como para cagarse en todo, y anticipa un año, por demás bisiesto, esto es, más largo de lo normal, largo, duro y jodido a fe.
Siguiendo la música de Cole Porter, en su ya famoso “Begin the beguines”, Soraya ha anunciado que esto es el principio. No sabemos si del infierno de Dante o del despegue de “Aterriza como puedas”.
Yo creo que todos somos conscientes de la difícil situación que vivimos. Todos sabíamos cunado votamos en mayo y noviembre, o cuando lo hicieron nuestros padres y hermanos, que el nuevo gobierno iba a iniciar un proceso de ajuste durísimo. Todos, o la mayoría, entendemos que para empezar a construir el futuro es preciso sanear el presente, máxime cuando tenemos que hacer frente a acuerdos internacionales de los que depende nuestro mantenimiento en el euro y las inversiones exteriores.
Es cierto que pensábamos que nuestro país perdía dinero a la velocidad de 16.500 millones de euros (que eso significa el déficit, que gastamos esa cantidad por encima de lo que ingresamos, pero anualmente), Ahora sabemos que no, que la fuga es de 36.500 millones. Y encima entramos en recesión. Todos somos, creo, conscientes que tenemos en nomina a mucho ladrón, una estructura de estado irracional que gasta lo que no tenemos, y una mentalidad como sociedad fundada en vivir al día (al menos en parte de nuestra sociedad) y gastar en bares, vacaciones, coches o pisos, lo que no tenemos, confiando ciegamente en hipotecas, prestamos y visas. Pero en las medidas adoptadas hoy por el gobierno para frenar ese endeudamiento salvaje hay algunas sombras y algunas ausencias.
De entrada se Rajoy, Sáenz de Santamaría. Montoro, Pons y Cospedal se habían hartado de decir que no se subirían los impuestos. Pocos, creo, que se lo habían creído, porque resultaba irracional. Pero ellos lo habían prometido. Hoy, Montoro, a preguntas de los periodistas, lógicamente, no sabía por donde salir. Y eso es un mal comienzo, un fraude electoral en toda regla. Y no vale decir ahora que se han encontrado con una herencia desconocida. Elena Salgado ya había anunciado hace semanas una esperable desviación del déficit público de varias décimas, desde el anunciado 6% hasta casi el 7%, pero sin contar con el acumulado de las administraciones públicas periféricas (diputaciones comunidades autónomas y ayuntamientos, entre otros “entes”). Eso, siempre que pensemos que el PP era tan tonto como para creerse las cifras del gobierno Zapatero, que no se hubiera leído los informes de la comisión de hacienda del congreso, que no supiera las cuentas de sus propias comunidades y que no se hubiera leído el informe FUNCAS (La fundación de las cajas de ahorro) de noviembre, donde ya se hablaba de un déficit del 8%, hecho que recogieron en posteriores declaraciones tanto el actual ministro de economía Luis de Guindos, como el secretario de estado Álvaro Nadal. Lo que es mucho pensar. Eso sin contar con que el plan presentado hoy es de un detalle, y de una densidad en letra pequeña que hace poco creíble pensar que se ha improvisado en dos días, tras comprobar las cuentas del gobierno saliente. Vamos que estaba pensado y hecho hace semanas, por no decir meses.
Pero si entramos en el fondo del asunto, también hay elementos criticables. Justo es reconocer que es más social y progresiva una elevación de los impuestos directos, y por tramos, en lugar de una subida general a todas las rentas, como hubiera supuesto el IVA. Justo es decir que se han tocado las rentas de capital, tanto en vivienda como en ahorro, aunque modestamente (2% de subida para rendimientos de hasta 6.000 € anuales y 6% para los superiores a 24.000). Y justo es decir que se ha iniciado un primer recorte de gastos de funcionamiento, vía cargos y organismos varios. Pero eso no es suficiente, pues la mastodóntica organización del estado sigue en pie, y sin un plan de reestructuración que acompañe a estas medidas, plan que ni se anuncia.
Los grandes capitales, y especialmente las SICAV (las sociedades de inversión en renta variable, literalmente opacas a hacienda), siguen como estaban, con una aportación al esfuerzo público desproporcionadamente baja con respecto a la resto de la sociedad. Con eso y con todo, el esfuerzo recaudatorio descansará en las rentas de los trabajadores (casi un 65% de la nueva recaudación), rentas además imposibles de ocultar, mientras que los rendimientos del capital y las rentas de profesionales liberales y autónomos siguen en un sistema de bajo control (por ser eufemísticos), con lo que el fraude y el trabajo en negro se alientan. Conviene recordar en este sentido, que las nuevas medidas del gobierno contemplan sustituir solo el 10% de las bajas de funcionarios destinados a la lucha contra el fraude, y el paquete de medidas aprobado no contempla medidas para casar a la luz los 10.000 millones estimados que se mueven en el mercado negro.
Pero hay algo más inquietante en todo esto. Las medidas recaudatorias (aun considerándolas necesarias) suponen sacar del mercado, retirar del consumo de las familias, más de 4.000 millones de euros. Una caída del consumo de las familias que afectara directamente a la producción, y esta, al caer, al empleo. Un riesgo de este plan es aumentar la espiral actual, cada vez menos empleo, menos consumo y menos aportación a las cuentas del estado, que, además, deben atender a cada vez, más familias desfavorecidas.
¿Que hacer?. Ya sabemos que la respuesta no es fácil, pero reducir las inversiones en investigación e I+D+i, los programas universitarios de desarrollo y no acompañar este grupo de medidas con otras de reactivación económica, más allá de las anunciadas de ayuda a autónomos, nos colocan en una situación difícil. De hecho, la reducción de impuestos a autónomos y emprendedores adoptada hace una semana choca ahora con una subida de carburantes (al anular subvenciones al combustible de profesionales) que va a disparar los costes de abastecimiento y transporte.
Y todo es provisional. Porque pasadas las elecciones andaluzas, el gobierno aprobara en marzo los presupuestos, y ahí habrá mas recortes.
Estamos en el inicio. Pero ¿de que?.
Yo creo que todos somos conscientes de la difícil situación que vivimos. Todos sabíamos cunado votamos en mayo y noviembre, o cuando lo hicieron nuestros padres y hermanos, que el nuevo gobierno iba a iniciar un proceso de ajuste durísimo. Todos, o la mayoría, entendemos que para empezar a construir el futuro es preciso sanear el presente, máxime cuando tenemos que hacer frente a acuerdos internacionales de los que depende nuestro mantenimiento en el euro y las inversiones exteriores.
Es cierto que pensábamos que nuestro país perdía dinero a la velocidad de 16.500 millones de euros (que eso significa el déficit, que gastamos esa cantidad por encima de lo que ingresamos, pero anualmente), Ahora sabemos que no, que la fuga es de 36.500 millones. Y encima entramos en recesión. Todos somos, creo, conscientes que tenemos en nomina a mucho ladrón, una estructura de estado irracional que gasta lo que no tenemos, y una mentalidad como sociedad fundada en vivir al día (al menos en parte de nuestra sociedad) y gastar en bares, vacaciones, coches o pisos, lo que no tenemos, confiando ciegamente en hipotecas, prestamos y visas. Pero en las medidas adoptadas hoy por el gobierno para frenar ese endeudamiento salvaje hay algunas sombras y algunas ausencias.
De entrada se Rajoy, Sáenz de Santamaría. Montoro, Pons y Cospedal se habían hartado de decir que no se subirían los impuestos. Pocos, creo, que se lo habían creído, porque resultaba irracional. Pero ellos lo habían prometido. Hoy, Montoro, a preguntas de los periodistas, lógicamente, no sabía por donde salir. Y eso es un mal comienzo, un fraude electoral en toda regla. Y no vale decir ahora que se han encontrado con una herencia desconocida. Elena Salgado ya había anunciado hace semanas una esperable desviación del déficit público de varias décimas, desde el anunciado 6% hasta casi el 7%, pero sin contar con el acumulado de las administraciones públicas periféricas (diputaciones comunidades autónomas y ayuntamientos, entre otros “entes”). Eso, siempre que pensemos que el PP era tan tonto como para creerse las cifras del gobierno Zapatero, que no se hubiera leído los informes de la comisión de hacienda del congreso, que no supiera las cuentas de sus propias comunidades y que no se hubiera leído el informe FUNCAS (La fundación de las cajas de ahorro) de noviembre, donde ya se hablaba de un déficit del 8%, hecho que recogieron en posteriores declaraciones tanto el actual ministro de economía Luis de Guindos, como el secretario de estado Álvaro Nadal. Lo que es mucho pensar. Eso sin contar con que el plan presentado hoy es de un detalle, y de una densidad en letra pequeña que hace poco creíble pensar que se ha improvisado en dos días, tras comprobar las cuentas del gobierno saliente. Vamos que estaba pensado y hecho hace semanas, por no decir meses.
Pero si entramos en el fondo del asunto, también hay elementos criticables. Justo es reconocer que es más social y progresiva una elevación de los impuestos directos, y por tramos, en lugar de una subida general a todas las rentas, como hubiera supuesto el IVA. Justo es decir que se han tocado las rentas de capital, tanto en vivienda como en ahorro, aunque modestamente (2% de subida para rendimientos de hasta 6.000 € anuales y 6% para los superiores a 24.000). Y justo es decir que se ha iniciado un primer recorte de gastos de funcionamiento, vía cargos y organismos varios. Pero eso no es suficiente, pues la mastodóntica organización del estado sigue en pie, y sin un plan de reestructuración que acompañe a estas medidas, plan que ni se anuncia.
Los grandes capitales, y especialmente las SICAV (las sociedades de inversión en renta variable, literalmente opacas a hacienda), siguen como estaban, con una aportación al esfuerzo público desproporcionadamente baja con respecto a la resto de la sociedad. Con eso y con todo, el esfuerzo recaudatorio descansará en las rentas de los trabajadores (casi un 65% de la nueva recaudación), rentas además imposibles de ocultar, mientras que los rendimientos del capital y las rentas de profesionales liberales y autónomos siguen en un sistema de bajo control (por ser eufemísticos), con lo que el fraude y el trabajo en negro se alientan. Conviene recordar en este sentido, que las nuevas medidas del gobierno contemplan sustituir solo el 10% de las bajas de funcionarios destinados a la lucha contra el fraude, y el paquete de medidas aprobado no contempla medidas para casar a la luz los 10.000 millones estimados que se mueven en el mercado negro.
Pero hay algo más inquietante en todo esto. Las medidas recaudatorias (aun considerándolas necesarias) suponen sacar del mercado, retirar del consumo de las familias, más de 4.000 millones de euros. Una caída del consumo de las familias que afectara directamente a la producción, y esta, al caer, al empleo. Un riesgo de este plan es aumentar la espiral actual, cada vez menos empleo, menos consumo y menos aportación a las cuentas del estado, que, además, deben atender a cada vez, más familias desfavorecidas.
¿Que hacer?. Ya sabemos que la respuesta no es fácil, pero reducir las inversiones en investigación e I+D+i, los programas universitarios de desarrollo y no acompañar este grupo de medidas con otras de reactivación económica, más allá de las anunciadas de ayuda a autónomos, nos colocan en una situación difícil. De hecho, la reducción de impuestos a autónomos y emprendedores adoptada hace una semana choca ahora con una subida de carburantes (al anular subvenciones al combustible de profesionales) que va a disparar los costes de abastecimiento y transporte.
Y todo es provisional. Porque pasadas las elecciones andaluzas, el gobierno aprobara en marzo los presupuestos, y ahí habrá mas recortes.
Estamos en el inicio. Pero ¿de que?.
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