Y en esto llegó Pedraz

Contrariamente a lo que opinan la mayoría de analistas, y hasta de la población, yo no creo que nuestro mayor problema, como país sea nuestra dramática situación económica, y su inmediato correlato de desorbitado desempleo.

Esta mañana hemos desayunado con una encuesta de Metroscopia para el diario El País, que nos aporta una radiografía social más inquietante que las cuencas de Montoso.

Un 77% de los encuestados comparten las razones del movimiento 25-S y su convocatoria para rodear el congreso, incluido un 61% de los propios votantes del PP, que han visto justificada la manifestación, amparados en la grave situación económica y (lo remarco) social. Un 57% ve excesiva la actuación de la policía y causante de más problemas y provocaciones que de protección a los ciudadanos y las instituciones.

Al hilo de esa protesta, solo un 22% que las manifestaciones son excesivas y molestas, mientras un 27% las considera, incluso, escasas, dado el nivel de provocación que sufre la ciudadanía. De hecho, un 91% de los ciudadanos prevé un incremento de la conflictividad en las próximas semanas, un 76% que estas serán crecientemente violentas, y más de un 60% que las protestas son solo la antesala de una situación callejera incontrolable, con asalto a comercios y bancos, incluida.

Lo más esperanzador llega al final, cuando un 93%, en mayor o menos grado, reclama una reforma urgente de la constitución, en ámbitos como el federalismo, el sistema electoral o el control de los partidos políticos. Una mayoría ciudadana que aporta un dato para la esperanza. Un 73% de los ciudadanos siente orgullo del proceso político de la transición, de sus valores de dialogo y consenso, y se mira en ese fragmento de la historia para encontrar un modelo de la actual situación.

Son datos, entre otros, bastante reveladores de las raíces esenciales de nuestros actuales problemas. Al abrigo de un sistema legal que ha favorecido el corporativismo de los altos cargos del estado, su multiplicación, y el saqueo de las arcas públicas, el conjunto de la clase política (salvo excepciones) ha convertido esa actividad en un descarado medio de vida y promoción social a cualquier precio, incluida la miseria de los ciudadanos. El escarnio ha tomado tal forma, que no es de sorprender que llegado el punto en que la gente se desespera y se tira a las calles, y se líe a palos, hasta un juez del de la razón.

Ya sabemos que los que rodearon el congreso no representan, según estas leyes, a nadie más que a ellos, que a la policía no se la puede ni toser y que un juez está pagado para impartir justicia y aplicar las leyes aprobadas por el pueblo de manera neutral, aséptica y distante en lo emocional, alejadas, por tanto, de toda pasión pasajera que nuble nuestro entendimiento. Es claro, también, el juez se ha puesto bajo el foco, colocando en cuestión, ya de paso, a la Audiencia Nacional, un tribunal de excepción en suma que no se entiende muy bien como encaja en nuestro sistema de garantías y que ha dado, a la mayor gloria de España, un sinfín de jueces “galácticos”, como Pedraz, Marlaska o Garzón, que aun no sabemos si son famosos por ir de divos y creerse más listos que nadie o por decir y hacer lo que nadie se atreve y aplicar la justicia tal como en el fondo es, cuando dos disputan y uno se queja de que han hecho mella en sus derechos, ¿Quién tiene razón y que hay que hacer para proteger esa razón?.

Se puede, y se debe, reprobar la frasecita del juez, sobre la “convenida decadencia de esa llamada clase política”. Una frase que sobra en un auto, por lo demás, escrupuloso y sensato, jurídicamente indiscutible, pese a que algunos “pijos” se empeñen en criticarlo. En España existe una ley de manifestación. Los convocantes habían recibido autorización para desarrollar esa actividad junto al congreso. La ley prohíbe actos que coaccionen a los representantes de la nación. La ley no establece el perímetro concreto que debe rodear al congreso, ni las competencias exactas de la policía, ni siquiera que policía, deben actuar en este tipo de casos. La ley fija que la condena a un ciudadano debe hacerse en base a pruebas relacionadas con los tipos delictivos de los que se le acusa, y en este caso la policía solo ha podido aportar una confusa lista de supuestos objetivos que algunas organizaciones o colectivos habían manifestado en foros y lugares marginales de la red, pero que no es comprobable fueran compartidos ni por organizadores, ni por manifestantes, ni por los periodistas apaleados que cubrieron el acto, ni por los usuarios de Metro y RENFE de la estación de Atocha.