No hay día en que nuestros políticos no nos lo alegren con sus jaculatorias y sus despistes. Esta semana han conseguido desplazar al conflicto de Oriente Medio y a las chanzas sobre los audios robados a Barbara Rey en los que hablaba con el rey (valga la redundancia) sobre temas tan jugosos como el escándalo Roldan o el 23F, que ya es desplazar.
El asunto que os contamos hoy es más triste. Y más sarcástico. Todo comenzó en 2014, cundo las autoridades judiciales europeas establecieron la doctrina de que las condenas a prisión de más de 30 años son crueles y degradantes (¿quizá más que el daño infligido por estos presos?) además de alterar gravemente la conducta de los presos. Una parte de esas prolongadas condenas son culpa de la falta de interconexión entre los sistemas judiciales europeos, por lo que una directiva europea conminaba a los estos miembros a contabilizar los periodos de cárcel cumplidos por el reo en otro país, evitando así que cumpliera años por un delito en el extranjero y no se tuviesen en cuenta al regresar a su país. Eso dio pie a que el gobierno de Rajoy impulsase la ley orgánica 7/2014 sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la UE. Pero el gobierno de Rajoy encontró un “pero” en esa ley. La norma europea haría que los etarras que habían cumplido años en Francia o Bélgica les fuesen descontados de los que estableciese la justicia española. Así nació la disposición adicional única que establecía como excepción a los delitos de terrorismo.
Como es lógico, familias y asociaciones de presos denunciaron a España ante el Tribunal de Estrasburgo que, hasta en tres ocasiones, dio validez a la norma española.
Septiembre de 2024, el PSOE que habia estado de acuerdo con la 7/2014 y que viene gobernando desde 2017 presenta una ley calcada a la norma de Rajoy, salvo en el artículo 14 y en que en una disposición adicional elimina la adicional de Rajoy y abre así el camino a que se aplique la ley a los etarras, con lo que las penas que estos deben cumplir en España se reducen al descontar lo cumplido en el extranjero.
O sorpresa, este cambio fue aprobado por unanimidad en el Pleno del Congreso —PP, Vox y UPN votaron a favor— el pasado 18 de septiembre. Este martes, la norma se debatia y votará en el Senado.
Hasta aquí no se si todo normal, porque cualquier tema está sujeto al escrutinio público. Es cierto que hablamos de asesinos que actuaron como bestias y de juristas que piensan como un estado democrático debe defender los derechos humanos, incluso los de alimañas como estos. Incluso, dentro de la lógica política, es comprensible que el PSOE actúe, siempre que puede, haciendo guiños a Bildu con reformas y acuerdos que alimenten su fidelidad hacia el gobierno.
Pero lo que no es compresible es la desidia y la torpeza de partidos, que, por ser de la oposición, deben oponerse, siempre que sea razonable, a las actuaciones del gobierno. Máxime en asuntos tan delicados y de los que la oposición ha hecho bandera, como la lucha contra el terrorismo.
Las airadas declaraciones de la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, denunciando el “engaño” del Gobierno y de EH Bildu no son más que la constatación de que en el grupo más numeroso de congreso y senado nadie se leyó la ley (10 páginas solamente y tres diputados en la ponencia, dedicados en exclusiva a la ley, además de los asesores jurídicos), ningún asesor escudriño que consecuencias podría tener, nadie en la directiva de PP, VOX o UPN calibró las consecuencias de votar a favor de una ley presentada por SUMAR, Bildu y el grupo Mixto.
Ahora, el PP trata a la desesperada de frenar la reforma judicial que permitiría que 44 terroristas de ETA vean reducidas sus condenas y siete puedan ser excarcelados en los próximos meses.
Por ello ha parado la votación de hoy martes, para ganar tiempo, y ha pedido al resto de grupos que retiren sus enmiendas y que se vote contra la ley por unanimidad. Cosa imposible, pues socialistas y sus aliados han hecho piña para defender la ley que beneficia a Bildu (que con ella contentará a sus bases en País Vasco).
Algunos de los diputados del PP achacan el “error” garrafal al servicio jurídico del partido en el Congreso, mientras los diputados de VOX en la ponencia han puesto su acta a disposición del partido. Además, han asegurado que este tipo de decisiones pasan varios filtros y que, por tanto, se deberían haber percatado de la jugada del Gobierno. Es tal la gravedad del asunto, que varios militantes del Partido Popular llamaron este lunes a la sede en Génova para darse de baja y que Feijoo ha pedico publicamente perdón.
Visto todo el caso, ¿para que sirven los diputados? ¿Para que sirve elegir a tantos y pagarles tanto si ni siquiera se leen las leyes? Ese es el verdadero fondo de la cuestión. Mucho convertir en imno “Que te vote Chapote” y al final le han votado los que lo cantaban.
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